Minoría de terror

Sin duda en el Perú hay muchas metas pendientes de alcanzar en materia social, pese a los importantes progresos sociales logrados en las últimas décadas gracias a las reformas estructurales implementadas en la década de los noventa.

Es innegable que se ha reducido la pobreza y el analfabetismo, generando mayor acceso a recursos financieros para micro y pequeños emprendimientos, se ha mejorado la infraestructura comunicacional, por solo citar algunos aspectos que hacen parte de la tarea de toda sociedad políticamente organizada por lograr el Bien Común. Sin embargo, quedan aún muchos peruanos excluidos de las condiciones mínimas de vida que su dignidad humana supone.

Pese a esa agenda pendiente, que puede tener causas, explicaciones y soluciones diversas acorde con la naturaleza opinable de la materia, es también indudable que nada puede justificar que se pretenda introducir la violencia como componente de una realidad que requiere dar pasos adelante y no el retroceso que supone dañar personas, bienes y oportunidades.

Los hechos de violencia que el grupo criminal organizado en torno a Pedro Castillo ha venido materializando desde la segunda semana de diciembre pasado, sobre todo en regiones del Sur del país, son una clara muestra de desprecio al derecho que tienen las personas más pobres de superar esa condición. No solo se ha impedido a miles de pequeños emprendedores, la mayoría de ellos mujeres y con responsabilidades familiares, realizar su labor y poder generar los ingresos que significan el sustento del día a día, sino que se han destruido, con violencia que recuerda la que empleaba el terrorismo en los años ochenta e inicios de los noventa, centros de trabajo públicos y privados y paralizado irreversiblemente actividades económicas de ciudades completas como es el caso del Cusco, que ha visto canceladas hasta un 80% de sus reservas de servicios turísticos, de las que dependen decenas de miles de familias.

La pérdida de vidas humanas, aun cuando se trate de personas que protagonizaban los actos de violencia, resulta tanto o más lamentable.

El Estado, que nos representa a todos, debe garantizar que los pocos antisociales que están detrás de la violencia, con mayor razón aquellos que desde altos cargos públicos la anunciaban y de seguro prepararon y siguen ligados a su ejecución, sean identificados y castigados sin ningún miramiento. Llama la atención que hasta el momento no se haya capturado a quienes están registrados en material difundido por los medios de prensa.

Una minoría de terror no puede anular a la mayoría de peruanos.