Muy cerca de la explosión

Quienes quieren ser “intocables” procuran “servir” en los poderes del Estado. Creen que allí nadie “los tocará”. Los que caen “son los de abajo”. Sin embargo, ya desde fines del siglo pasado, se van haciendo públicos actos de corrupción que “envuelve” a políticos y autoridades que han sido y/o son miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y otras entidades públicas. Son investigados en el Ministerio Público y procesados penalmente hasta presidentes de la República. Pero, como se ha hecho público, a magistrados fiscales y jueces se les atribuye actos ilegales. Están envueltos el Ministerio Público, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia y en medios periodísticos se informa que se está pidiendo la reorganización de esas tres entidades encargadas de administrar justicia (Constitución, artículos 138°, 139°, 158°, 159°, 154° al 156°). Esto supone legalmente que deben modificarse sustancialmente las normas pertinentes de la Constitución y las Leyes Orgánicas del Ministerio Público, Poder Judicial y Junta Nacional de Justicia.

Quizá también alcance al Tribunal Constitucional. Lo pedido públicamente es que los miembros de esas entidades obren legal y honestamente alejados de la corrupción individual o colectiva. En las normas constitucionales, leyes orgánicas y aun los Códigos sin excepción, deben señalar con precisión quiénes pueden postular y ser electos y/o designados magistrados fiscales y jueces de todos los niveles  y establecerse sus responsabilidades personales administrativas, jurisdiccionales, penales y personales sino aplican correctamente el artículo 109° de la Constitución y si no cumplen con realizar sus investigaciones los fiscales y/o con procesar judicialmente los jueces –de todas las instancias– dentro de los plazos procesales establecidos en los códigos y normas procesales. Esta responsabilidad debe llegar hasta sus respectivos “Órganos de Control Interno”. Un hecho que debe superarse es que no tengan exceso de personal administrativo, de servicios, seguridad y especialistas legales. Los magistrados deben cumplir sus obligaciones sin dilaciones y sin los “pretextos” que suelen utilizar. Ha llegado el momento, no solamente político, para que el Poder Legislativo procese la modificación de la Constitución en lo referente a las “instituciones” señaladas y aprobarlas y luego expedir sus nuevas Leyes Orgánicas y modificar los códigos penal, civil y sus procesales. Igualmente revisarse sus presupuestos y establecer equitativas (igual que los otros funcionarios públicos) las remuneraciones de magistrados fiscales, jueces y su personal en general. Evitar la burocracia en las señaladas instituciones. Deben atender pronta y debidamente a los justiciables.

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