Nada deslegitima el grito desesperado de la gente a vivir sin pagar cupo

Los peruanos están al borde del hartazgo por el clima de inseguridad ciudadana alcanzado en el Perú, que agrupa a la extorsión y al sicariato, los cuales no distinguen clase social, ocupación, profesión ni nivel de poder político de las víctimas. Ahí tenemos a aquellos congresistas que han hecho público ser blanco de extorsión. Así las cosas, el público objetivo de la delincuencia proviene de todos los estratos socioeconómicos del país, y las bandas criminales que perpetran estos delitos parecen actuar con patente de corso, muchas monitoreando su accionar delictivo desde los penales, que paradójicamente son controlados por el Ejecutivo a través del INPE. De ahí que no sorprende que, en las requisas de estos centros, se incauten celulares y apuntes con números telefónicos y datos de aparentes víctimas. La pregunta del millón es: ¿cómo llegaron ahí? ¿Quién dejó pasar esos aparatos? Pero ese es otro tema. Lo real y concreto es que la gente, arriesgando el sustento de su día, la comida de sus hogares y las deudas por honrar, ha decidido paralizar sus actividades, protestando por calles y plazas contra el gobierno de Dina Boluarte y demás autoridades que comparten el ejercicio del poder político, para obligarlos a tomar acciones concretas que les restituyan su derecho a una vida de paz, libre de violencia y extorsiones, así como su derecho a trabajar en total libertad, sin tener que pagar cupo por sus vidas.
No obstante, no parece haber una respuesta ejecutiva de quienes conducen el país, más allá de operativos sin mayor envergadura y un pretendido proyecto de ley que crea una controvertida figura: la de Terrorismo Urbano, que ni siquiera las almas gemelas de nuestras autoridades logran consensuar para su aprobación, y que pretendería criminalizar la protesta social, reconocida como un derecho humano por el propio Tribunal Constitucional. Lo que para el común de los ciudadanos, de proceder, pintaría de cuerpo entero a la actual gestión como una dictadura.
Yo me permito discrepar con aquellos que señalan que se ha politizado y, por ende, deslegitimado este estallido desesperado de transportistas, comerciantes, bodegueros, vendedores de comida y muchos otros sectores, materializado en paros y cierre de negocios. Tan no es así este conveniente enfoque, venido precisamente del Ejecutivo y parte del Legislativo, que hasta Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP, que integra a 23 gremios empresariales, ha tildado a esta plataforma de lucha, a través de una columna de opinión, como “la causa correcta”. Conglomerado que muchos pudieran considerar estar en las antípodas de toda paralización de actividades.
El grito desesperado por erradicar las organizaciones criminales, el sicariato, la extorsión, los asaltos y robos, que ha tocado también a las instituciones educativas, no respetando siquiera a nuestra niñez, será difícil de acallar. No lo enmudecerán, y si de este se cuelgan políticos cuestionados y vivarachos, ávidos por retomar vigencia o ganarse algo, es indistinto para el fondo de la llamada “causa correcta”. El ciudadano de a pie sabrá separar la paja del trigo en su momento y, por el contrario, no perdonará a quienes pretenden desviar las miradas, enfocadas actualmente en una población desesperada que vive en zozobra y clama por acciones de protección, y que pretenden tildar de terruca y marginal. ¡Craso error!

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