Nadie está para lavarle la cara al poder político

El cierre de actividades de la CADE Ejecutivos 2022 celebrada en Paracas, contó con una marcada presencia femenina con funcionarias empoderadas en altos cargos de decisión, caso de la defensora del Pueblo Eliana Revollar, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, sin dejar de mencionar a la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, lo que es digno de resaltar porque es un claro avance en el tema de igualdad de género en el Perú, máxime en las actuales épocas claroscuras que atravesamos en el país, donde se percibe retroceso en la lucha por la erradicación de todo tipo de discriminación y violencia contra la mujer. Las intervenciones de estas funcionarias estuvieron acorde con nuestra actual coyuntura sociopolítica, cada una en sus fueros abordaron la grave crisis institucional y sentaron posición de qué hacer para afrontarla, de no normalizar la corrupción, de restablecer el diálogo y respetar la separación y autonomía de los poderes del Estado y organismos constitucionales, así como a la libertad de prensa, a la que el poder político muestra trato hostil. Particularmente la intervención de la señora Revollar pareció muy oportuna a esta columnista, al señalar que “a veces se cree que la Defensoría del Pueblo debe acompañar al poder político y lavarle la cara a quien ostenta el poder y que esa no es su función” y, efectivamente, porque pareciera tenerse la percepción de que al Ejecutivo no le cae bien las críticas y pronunciamientos que la citada entidad ha formulado a un sinnúmero de situaciones donde se atenta o pone en riesgo sectores vulnerables de la sociedad y al aparato estatal por parte del Gobierno Central, es como si esperasen aplausos de la Defensoría o que sean pasadas por agua tibia las graves irregularidades, muchas de ellas de connotación penal de la actual Administración, que son materia de investigación por parte de los operadores del derecho, cuando precisamente la rectoría de esta institución es la defensa de los derechos humanos y la fiscalización de una correcta prestación de los servicios públicos y deberes de la administración pública. Su papel es estar del lado de la ciudadanía, de la institucionalidad, inspirado en el bien general y no del particular, menos del poder político.

Ojalá que la comisión de alto nivel de la OEA próxima a llegar al país, tome conocimiento de las causas reales de la crisis política, así como de la tensa relación entre los poderes públicos y la prensa peruana, sirviendo de canal para viabilizar una salida democrática a toda esta situación, antes de cualquier estallido social con costo de vidas humanas que nos lleve a una guerra civil en el Perú, porque ahí es donde nos dirigimos, el enfrentamiento sin cuartel entre peruanos, máxime con los mensajes divisionistas del Gobierno, pretendiendo victimizarse ante la rendición de cuentas a la que están obligados los servidores públicos.

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