Nazca no se toca

La repercusión fue tan rápida como contundente: una resolución viceministerial del Ministerio de Cultura redujo, en mayo pasado, en un 42 % el área de intangibilidad de las Líneas de Nazca. No se hizo con discusión pública ni previo debate en el Congreso: bastó que un viceministro firmara un documento. Una medida que puso en riesgo un Patrimonio Cultural de la Humanidad y dañó la reputación del Perú a nivel internacional.
Ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO no es un simple galardón decorativo. Es un reconocimiento a bienes excepcionales con valor universal. En el caso de las Líneas de Nazca, el Perú —como Estado parte— asumió compromisos concretos: protegerlas, conservarlas y transmitirlas a las futuras generaciones. Estas obligaciones no son optativas ni simbólicas; forman parte de tratados internacionales ratificados por el país. Alterar sus condiciones de protección sin base técnica ni consenso institucional constituye un
Trazadas por la cultura homónima hace más de 1,500 años, las Líneas de Nazca abarcaban originalmente 5,600 km² bajo protección. Esta extensión fue la base para su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1994. ¿Qué se ganó al reducir ese perímetro en casi 2,400 km²? Solo se expuso ese territorio al avance de la minería ilegal, actividad que el mismo viceministro reconoció que ya operaba dentro del área recortada.
La indignación no tardó en llegar. Arqueólogos, expertos y ciudadanos calificaron el recorte como injustificado, anticientífico y violatorio de los compromisos asumidos. Se presentaron tres mociones de interpelación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por permitir esta modificación sin sustento técnico. ICOMOS–Perú, organismo asesor de la UNESCO, denunció que la medida infringía normas y debilitaba la defensa del sitio.
Ante la presión nacional e internacional, el Gobierno dio marcha atrás. El 8 de junio, el Ministerio de Cultura restituyó el perímetro original y anunció la creación de una mesa técnica con participación de científicos, académicos y representantes de la UNESCO. Fue una rectificación necesaria, pero tardía.
Lo realmente grave aquí no es solo la irresponsable decisión dentro de la gestión pública, sino el sistema que la permitió. ¿Cómo es posible que un viceministro, por cuenta propia, modifique una política de Estado? Esta decisión no es aislada, sino reflejo de una gobernanza donde la continuidad institucional es tan débil, que un funcionario intermedio puede revertir años de trabajo con una simple resolución administrativa.
Esta situación revela una falta profunda de Políticas de Estado vinculantes. No existen normas que impidan que decisiones estratégicas —como la protección del patrimonio— sean alteradas a discreción de cada gestión. El país no puede seguir siendo rehén de la improvisación y la arbitrariedad.
El Perú necesita blindar sus decisiones trascendentales con evaluaciones técnicas sólidas, transparencia, participación ciudadana y respaldo institucional. Porque con el legado de la historia no se juega. Y con el futuro de los nuestros, tampoco.

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