¡Necesitamos medidas valientes y extremas, ya!

Basta de sentirnos frágiles e inseguros. La vida de millones de peruanos se ha convertido en un suplicio y un albur. Hay demasiados distritos y regiones del Perú donde la convivencia se ha convertido en un campo de batalla. Este gobierno no garantiza ni la paz ni la tranquilidad social como pretende hacernos creer Boluarte; son palabras vacías de una presidenta que se ha distanciado de la realidad. Cuando esporádicamente viaja por el país, lo hace rodeada de tanta e innecesaria seguridad que no ve ni escucha nada. Insisto, es casi un holograma.

No solo se han incrementado los delitos, sino también los niveles de violencia. Ya no existen refugios; literalmente te asaltan en la esquina de tu casa. El solo hecho de salir a la calle es una actividad de riesgo. Se han declarado en emergencia San Juan de Miraflores y San Martín de Porres y se ha solicitado para 33 distritos más.

Vale decir, quieren generalizar un estado de excepción como una medida desesperada ante la falta de un plan estratégico contra la criminalidad. Se suspenden una serie de derechos constitucionales y las FF.AA. coadyuvan a la PNP para mantener el orden interno, pero el grave problema es que no está funcionando; la delincuencia sigue desbordada. Cierta prensa aún destaca en pequeñas notas el aumento de los asaltos o la destrucción de una tienda a combazos para robar equipos telefónicos, o delincuentes que queman al chofer de un camión para robar la mercadería. Hay miles de sucesos diarios que ni siquiera se reportan porque lo consideran una pérdida de tiempo.

En este escalofriante escenario, la minería ilegal se ha convertido en la actividad más peligrosa y descontrolada; es el nuevo terrorismo que el Ejecutivo minimiza y el Congreso respalda con su inaceptable normativa del REINFO. Hace pocos días, Minera Poderosa ha sido nuevamente atacada, resultando heridos varios trabajadores de la empresa. Una raya más al tigre, pues aún no se sabe quiénes fueron los responsables de la voladura de alta tensión ocurrida en la minera en mayo pasado.

Afortunadamente, se logró desbaratar a la banda “La Gota Norteña”, responsable del asesinato de 10 trabajadores de la empresa en diciembre pasado. La minería formal se ha vuelto muy vulnerable, pero al gobierno le basta con enviar 300 policías a la zona y algunos efectivos de las FF.AA. que seguramente se sienten tan desprotegidos por la ley y las autoridades, que prefieren pecar de ineficientes porque su coraje podría premiarse con la persecución caviar y la cárcel. Los delincuentes lo saben y lo agradecen.

Summa Gold, ubicada también en La Libertad, se ha visto atacada en diversas oportunidades por mineros ilegales que utilizan el terreno adyacente para construir túneles y acceder a sus yacimientos de mineral.

El GORE de La Libertad, César Acuña, está demasiado entretenido haciendo lobbies y política en Lima, mientras su región se desangra. Si alguien hiciera un balance de sus muchísimos años en la vida pública, podríamos apreciar el daño que le ha hecho al país este personaje: pactista y siempre en arenas movedizas.

Mientras el gobierno sigue descifrando qué hacer para combatir la inseguridad ciudadana, por lo menos deberíamos tener el apoyo de los jueces y fiscales. Me adhiero a la queja del ministro del Interior en el sentido de que nuestro sistema judicial es una rémora que no se siente comprometida con la lucha contra la criminalidad.

Finalmente, necesitamos más cárceles, por lo menos unas diez, similares a Challapalca. El Perú está lleno de delincuentes de alta peligrosidad que hay que encerrar en las condiciones más duras posibles. Basta de contemplaciones. Todo el dinero que se desperdicia en Petroperú debería ser destinado a la construcción de establecimientos penitenciarios, a través de un convenio Gobierno a Gobierno para hacerlo con la mayor celeridad y eficiencia posible. Ya estamos tarde.