Necesitamos sanear el país

El tsunami sociopolítico que hemos soportado estos últimos meses necesita ser consensuado con sapiencia y digerido con calma. Primero fue el golpe de Estado ordenando disolver el Congreso; convocar a elecciones parlamentarias; fundar un gobierno de emergencia que rija por decretos leyes; instituir una asamblea constituyente; disponer el toque de queda; y reorganizar el sistema de justicia (Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia).

Este golpe de Estado lo ejecutó un profesor provinciano, semi analfabeto, dirigente sindical de la facción senderista del Sutep trajeado de campesino humilde, quien alcanzó la Presidencia de la República gracias a un cuestionado Jurado Nacional de Elecciones presidido por un comunista. Al asumir su mandato, anunció sandez y media.

Ejemplo, abandonar palacio de gobierno, convertirlo en museo y mudarse a una casa de citas situada en jirón Sarratea. Ordenó interferir a la Policía y transformarla en gendarmería política a órdenes de la presidencia, intentando hacer lo mismo con el Ministerio Público para impedir cualquier investigación que los comprometiese a él, a su entorno familiar (esposa, hija putativa, cuñados, sobrinos) y/o a sus colaboradores más cercanos (ministros de Estado, secretarios, etc.). Después vendría la fuga y captura del golpista, el expresidente Pedro Castillo.

Tras ello, la Acusación Constitucional como consecuencia de la denuncia presentada al Legislativo por la fiscal de la Nación, imputándole a Castillo gravísimos delitos (quiebra de la Constitución y decenas de carpetas fiscales con evidencias mucho más que suficientes contra él por repulsivos delitos de corrupción). Inmediatamente fue aprobada, con mayoría abrumadora por el Congreso seguida de otra denuncia penal, presentada por el Ministerio Público ante la Corte Suprema.

Al respecto, el juez Supremo Checkley dispuso el internamiento preventivo de Castillo en un centro penitenciario por el término de dieciocho meses, visto su flagrante delito constitucional (golpe de Estado).

El segundo fallo del mismo magistrado pidió 36 meses de prisión preventiva para Castillo por delitos de corrupción definidos en decenas de carpetas fiscales que explican su grave conducta mafiosa como mandatario. Ante semejante panorama, resulta indispensable que un Consejo de Sabios interprete a cabalidad las consecuencias sociopolíticas de estos hechos; sugiera medidas y criterios indispensables para evitar a futuro casos similares, y colabore con la Procuraduría del Estado y Fiscalía de la Nación para formalizar, ejemplarmente, los debidos procesos penales contra Castillo y su camorra.

Necesitamos que algún oráculo de eruditos pondere la coyuntura actual de este Estado infiltrado por miles de malandrines impuestos por Castillo durante su período como jefe de Estado.

Gente perteneciente a la organización criminal presidida por él, e integrada por su esposa, hija putativa, hermanos, sobrinos, ex ministros, ex secretarios.

Muchos, ahora prófugos de la Justicia. Gentuza que deberá ser apresada a la mayor brevedad, para prontamente establecer un enjuiciamiento masivo, dado que tienen vínculos con organismos terroristas y político/criminales, tanto nacionales como de países vecinos que pertenecen tanto al Grupo de Puebla como al Foro de Sao Paulo.

El Perú necesita mentes brillantes para que ejerzan la defensa del Estado en este momento tan grave.

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