Ni anticorrupción ni gobierno
Desde hace ya bastante tiempo, a través de esta columna hemos venido demandando a los sucesivos gobiernos, una demostración cabal de gobernabilidad y gobernanza, con la construcción de una sólida institucionalidad en la cual cada entidad tenía que jugar el rol encomendado por la Constitución y las leyes, con oportunidad y eficacia.
Nuestra posición, muchas veces malinterpretada, buscaba una visión integral de los intereses nacionales por satisfacer, la identificación de las debilidades y estímulos adversos a ese fin y la elaboración de planes y programas para cada escenario diagnosticado dentro de lo que es evidente o lo claramente previsible.
Es que trabajaba en consolidación institucional y, sin ella, no puede haber plena gobernabilidad y gobernanza, lo que nos hace un país que marcha a ciegas, apostando a la suerte.
En este escenario, era perfectamente visible la guerra de destrucción entre grupos políticos, con su secuela de captura institucional por el sector triunfante.
El elemento de justificación era la corrupción de los unos, imputada por los otros, también corruptos, con excepciones que confirman la regla; así como por la grave inseguridad ciudadana y el enseñoreamiento de la delincuencia común y el crimen organizado en torno al narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal de bosques, trata de personas, que incorporan, junto a lo que proviene de la corrupción, grandes masas de dinero en el sistema económico-financiero nacional.
Ya hemos visto y constatado que en la lucha contra el crimen no hemos avanzado nada y la situación se torna cada vez más incontrolable.
El crecimiento del crimen en todo orden incrementa el poder tanto logístico como económico de los delincuentes, con lo cual también aumenta su capacidad de corromper a las autoridades e imponer a la sociedad su voluntad a través del terror con sus bandas de sicarios.
En el plano político la situación es similar y, con Odebrecht, Lava Jato, OAS y etcéteras, asistimos al espectáculo de un poder mafioso controlando el aparato estatal.
La Fiscalía no respondió con eficiencia y eficacia desde el primer momento y terminó “regalándose” a Odebrecht a cambio de información, la que ha terminado hundiendo a los amigos protegidos cuyas investigaciones están congeladas.
El Poder Judicial va en cero y la policía hace lo que puede, pero los desastres naturales no tienen respuesta. El premier dice que desbordaron los cálculos del Gobierno y un ex gobernador de Piura dice que no se habían completado los expedientes técnicos. ¿Es que somos tan incompetentes en todo?
