Ni toque de queda ni militarización en Pataz con el etnocacerismo

“El Perú es país excepcionalmente difícil, por su geografía y peor su población; por eso, sacarlo del atraso y encaminarlo por el progreso escapa a la capacidad de los partidos políticos. Solamente puede hacerlo el Ejército con el apoyo de la población”.
Gral. E.P. José del Carmen Marín Arista.
La excepcional abundancia en oro, plata, cobre, litio y demás minerales; resulta que ya no beneficia sino perjudica al Perú. En efecto, solamente hay aportes que corresponden a una parte del oro, de la plata y del cobre. Del resto de los minerales, se adueñan totalmente las transnacionales.
Sin tener en cuenta la experiencia, hoy día se anuncia para Pataz toque de queda y militarización que inmediatamente se generalizará en 7 cuencas en similar situación como Tambogrande. Absoluta estupidez.
El Estado no tiene en cuenta que con esta política está fracasando desde hace 30 años en el VRAEM, pues se han más que duplicado los remanentes del terrorismo, la droga, el contrabando de madera, asesinato de líderes amazónicos y la criminalidad en la sociedad, instituciones y poderes del Estado.
La Policía y el Ejército, las instituciones, los “partidos” han fracasado rotundamente. Por ello, el etnonacionalismo se opone a repetir el error y/o traición (ver mi columna del 22 de enero de 2025).
El etnocacerismo debe ponerse a la orden de la jefa de Estado para hacerse cargo de Pataz y de otros lugares conforme al pensamiento del Gral. Marín.
Esta situación nacional obliga a declarar la minería de oro y plata exclusividad del Estado y derecho laboral ancestral del peruano. El libre derecho de la población es traer estos recursos y el Estado, comprárselos al precio internacional y un premio del 5% para que figuren en planillas.
OTROSÍ: Mientras no haya resolución del JNE sobre la declaración de ilegalidad del partido político ANTAURO por la Corte Suprema, el partido sigue existiendo en puro Derecho; pues, en materia electoral, la administración de justicia no corresponde al Poder Judicial o Corte Suprema sino exclusivamente al JNE.
El ANTAURO debe demandar la nulidad de las sentencias de la Corte Suprema porque estas han sido dictadas por instancias que no son competentes; pues están integradas por magistrados no titulares y sin respetar la doble instancia.
El principio del debido proceso ha sido vulnerado por la presidenta de la Corte Suprema Janet Tello, que ha incurrido en prevaricato.

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