No al plan Bukele

Muchas voces reclaman aplicar el “plan Bukele”. Son voces de hartazgo, impotencia y desesperación ante la incapacidad de las autoridades para frenar el crecimiento de la delincuencia, especialmente en delitos graves como sicariato y trata de personas.

Este año Lima y Callao registraron 275 muertes por encargo y hasta agosto la Policía rescató a 2347 mujeres (1977 extranjeras) explotadas por 44 bandas y tres organizaciones criminales vinculadas al Tren de Aragua, delito que reporta a los malhechores ingresos de US$ 1,300 millones anuales según la Defensoría del Pueblo y la ONG CHS Alternativa. Infame explotación –agregamos– que acarrea secuestros, golpizas y asesinatos con bala o cuchillo de esquilmadas mujeres que no pagan cupos a mafiosos exportados por el dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien el régimen de Castillo reconoció como presidente legítimo.

De otro lado, hasta julio se han producido tres mil asesinatos y 500 denuncias por homicidio o tentativa y durante el primer trimestre de 2021 ocurrieron 12,462 robos (138 al día); eN2022 la cifra aumentó a 20,030 (223 al día) y hasta agosto de este año a 26,652 (296 al día).

Pero la solución a la crisis no es replicar el Plan del mandatario Bukele, que lidera la lucha contra las maras salvatruchas, pandillas fácilmente ubicables e identificadas por el corte de pelo, vestimenta y siniestros tatuajes. En el Perú no existen esas pandillas, pero sí una diversidad de categorías delictivas, entre otras traficantes de drogas, madera, oro y migrantes, que se movilizan por costa, sierra y selva, con ramificaciones internacionales.

Por otro lado, la extensión del Perú es 1 millón 285 mil km cuadrados, con una población de 34 millones, mientras El Salvador tiene 21, 041 km cuadrados, un 1.5 % del territorio nacional, con 6 millones de habitantes, cinco a seis veces menor al nuestro.

Pero también existen consideraciones políticas que no podemos soslayar.

El presidente salvadoreño es un autócrata que controla todos los poderes del Estado, apoyándose en militares y policías, y en el Perú rige un Estado constitucional de Derecho, a pesar de sus limitaciones y precariedades.

En febrero de 2020 Bukele ingresó al Congreso escoltado por soldados con arma en ristre y luego amenazó desde una tribuna a la oposición para que aprueben el presupuesto de seguridad. Eso se llama fascismo o un término similar, lo mismo que destituir –vía una Asamblea Legislativa que controla con 75% de los votos– a magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal de la Nación.

Ahora, en otro golpe de audacia, desconoce la Constitución (artículos 152 y 248) que prohíbe la reelección inmediata, obstáculo que ha saltado gracias al servilismo de timoratos magistrados que lo autorizaron a postular. Así, la separación de poderes quedó reducida a escombros, como sucede en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Lo que debemos hacer es constituir una plataforma que integre a todos los organismos del Estado; a las Fuerzas Armadas, Policía, serenos municipales, empresas privadas de seguridad, Poder Judicial y Fiscalía, dotándolas de apoyo legal y recursos económicos. Y, desde luego, construir urgentemente nuevos penales porque los actuales son depósitos humanos sobrepoblados, desde donde se planifican crímenes al exterior. Para realizar esas tareas no necesitamos clonar proyectos extranjeros incompatibles con nuestra realidad. Basta con decisiones y capacidad de las autoridades.

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