No aprenden

Un nuevo exabrupto del ministro Morgan Quero provocó una ola de críticas, tras declarar que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”. Aunque luego intentó justificarlo señalando que se refería a violadores de menores, sus palabras generaron indignación. La pregunta del periodista fue clara: “Ministro, ayer fue el Día de los Derechos Humanos. Desde el Gobierno no se han pronunciado sobre los 50 fallecidos de las protestas”. El ministro respondió como mencionamos arriba, sin relación con el contexto de la pregunta.
Este no es su primer desliz. Anteriormente, fue duramente cuestionado cuando minimizó las violaciones a niñas awajún, calificándolas de prácticas culturales. Su reiterada falta de sensibilidad resulta inaceptable, especialmente considerando que lidera el sector educativo, encargado de formar a niños y jóvenes en valores y principios éticos.
Las reacciones no se hicieron esperar. La Defensoría del Pueblo exigió su renuncia, calificando sus declaraciones como “ofensivas” y “discriminatorias”. También criticó que un ministro de Estado incurriera en comentarios que afectan la memoria de las víctimas y el dolor de sus familiares. La Defensoría solicitó a la presidenta de la República su inmediata destitución.
En el Congreso, las opiniones fueron divididas. Jorge Montoya, de Honor y Democracia, defendió al ministro argumentando que sus declaraciones pudieron ser tergiversadas. Sin embargo, Flavio Cruz, de Perú Libre, calificó a Quero de “indolente, irresponsable e incapaz”. Ambos coincidieron en que no habría tiempo para interpelarlo antes del cierre de legislatura, aunque consideraron viable invitarlo a dar explicaciones.
Por su parte, la exministra de Educación, Marilú Martens, lamentó las declaraciones de Quero y resaltó la importancia de respetar los derechos humanos como principios fundamentales. Advirtió que los adjetivos mal empleados pueden causar graves perjuicios, especialmente en temas tan sensibles.
En un intento por mitigar el daño, la oficina de prensa del Ministerio de Educación emitió un comunicado para aclarar las palabras del ministro. Sin embargo, la polémica puso nuevamente en evidencia su falta de preparación para ocupar un cargo de tal responsabilidad.
Mientras tanto, esta semana se promulgó la Ley 32181, destinada a garantizar la presunción de inocencia y la protección de los agentes de la Policía Nacional. Según la norma, los fiscales no podrán solicitar detenciones preliminares ni prisión preventiva contra policías que, en cumplimiento de su deber y usando sus armas reglamentarias, causen lesiones o muertes.
La medida busca fortalecer la lucha contra la delincuencia, ya que muchos policías temían usar sus armas por posibles denuncias y detenciones, mientras los delincuentes se sentían protegidos bajo el paraguas de los derechos humanos. La ley establece que las decisiones de detención deberán basarse en resoluciones fundamentadas y actuaciones previas, limitando la discrecionalidad de jueces y fiscales.
Aunque esta norma fue criticada por algunos sectores que consideran que podría generar impunidad, su objetivo es proteger a los policías para que puedan actuar con mayor firmeza frente al crimen organizado. Es un esfuerzo por devolverle a la población la confianza en las fuerzas del orden, en un país que sufre altos niveles de inseguridad.
Esperemos que estas acciones contribuyan a mejorar la situación de una ciudadanía que, hasta ahora, se siente desprotegida frente al avance del crimen organizado.

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