No descansemos hasta que las injusticias sean reparadas

Es muy doloroso terminar el año y que nuestro país se mantenga sumergido en problemas cada vez más graves, sin poder ver la luz al final del túnel, pero uno de los más peligrosos es la falta de confianza en nuestra administración de justicia y creernos libres cuando sufrimos violaciones de ese sagrado derecho todos los días.
Los caviares han demostrado ser los maestros del Lawfare, especialistas en socavar la voluntad de sus adversarios políticos sin recurrir a la violencia física, simplemente usando el sistema judicial para perseguir, encarcelar y finalmente eliminar a todos sus enemigos y detractores. Es un esfuerzo concertado de ciertos medios de comunicación –que empapelan con portadas en la prensa y, horas de televisión y de radio para manipular la opinión pública– el poder fáctico y una administración de justicia sumisa, que tienen el poder de cambiar el destino político de todo un país, con absoluta impunidad.
Años solicitando que se levante la reserva del nefasto Acuerdo con Odebrecht, infame y vende patria, recibiendo solo evasivas y excusas absurdas como respuesta. Hoy es de conocimiento público y no solo de una minoría privilegiada y hasta ahora intocable, gracias a dos valientes ciudadanos y a un TC que no se doblega ni permite el uso indebido de la ley. Inexplicables consideraciones y alfombra roja para los corruptos, a un precio altísimo para el país, mientras que, del otro lado, hay una persecución implacable, una cacería judicial contra ciudadanos probos, a los que se les acusa de lavado de activos, sobre la base de artificios inventados por un equipo de fiscales temerarios que se niegan a rendir cuentas, porque todos sabemos que hasta el 2019, no declarar los aportes a campañas políticas no calificaba como delito, sino como falta administrativa.
En efecto, el MP decidió que el financiamiento que provenía de una empresa “supuestamente corrupta”, era considerado lavado de activos porque el dinero venía de fuente ilícita, equiparándolo a fondos provenientes del narcotráfico o la minería ilegal. Hasta que se destapó el escándalo, nos engañaron a todos. Odebrecht era una de las empresas más respetadas de Latinoamérica, gozaba de una gran reputación, reflejada en su amplio acceso al financiamiento local e internacional, así como a multilaterales como el BID. Tan es así, que entre el 2014 y el 2015, Odebrecht donó US220K a YPIS, sin embargo, nadie investiga a dicha organización por lavado de activos, lo cual hace más evidente que esta patraña está dirigida a la persecución judicial.
En abril del 2014, el PJ publicó el libro Perú & Lex Inversiones y Justicia, con un mensaje muy potente acerca de la importancia de contar con jueces probos e independientes y un riguroso respeto por la ley, para lograr el desarrollo de un país. Se incluyeron testimonios de personalidades que lideraban la inversión, entre ellos, el de Jorge Barata CEO de Odebrecht Perú. Si el PJ no sabía que esta empresa era corrupta en el 2014, ¿cómo podría saberlo el resto del país?
Lo que está ocurriendo es una verdadera locura y todos estamos obligados a detenerla si realmente queremos un país con futuro para nuestros hijos. Están destruyendo la vida de personas inocentes, de familias enteras con absoluta impunidad.
La Fiscal de la Nación está decidida a limpiar el MP (El Comercio, 22/12/2024). Esperemos que honre su palabra. Ha comenzado bien con la disolución de Eficcop y dejando sin efecto el nombramiento de Marita Barreto pero hay un largo camino por recorrer para imprimirle otra tónica a la institución y recuperar la confianza ciudadana. Hoy alcanzan un nivel de desaprobación del 80%. Esperemos que Delia Espinoza tenga la fuerza y valentía para lograrlo, sin miedo, sin ceder a la presión caviar.
¡Feliz Navidad!

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