No es solo lo que se ve

Recientes informes periodísticos han dado cuenta de una situación que por sí sola se presenta complicada dada la gravedad que encierra. No es en modo alguno intrascendente, ni menor, constatar que infringiendo lo previsto por el Art. 126° de la Constitución vigente, que señala que “Los ministros no pueden ser gestores de interés propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, un ministro haya desempeñado la cartera –nada menos que de Transportes y Comunicaciones– mientras mantenía la condición de representante, apoderado, de una empresa constructora que no solo tenía celebrados contratos con el Estado sino que varios de ellos estaban relacionados con obras a cargo de ese ministerio.

Peor aún que en esa gestión ministerial haya tomado decisiones no solo controvertidas, por lo dañinas a la posición contractual del Estado (hoy gracias a esa adenda que favoreció al contratista éste lo ha demandado por decenas de millones de dólares), sino que también la empresa representada por el alto funcionario tenga participación en esa misma obra pública.

Se agrega a ello que ese ministro, en su calidad de primer vicepresidente de la República, también haya ejercido el despacho presidencial en reemplazo del entonces presidente de la República. Y, por último, aunque no sea lo menor, que hoy ese vicepresidente y ministro sea nada menos que presidente de la República, luego de la renuncia de P. P. Kuczynski.

Menuda situación la que exhibe Martín Vizcarra C. (MVC).

Pero ello no es todo, lo más grave resulta cuando se advierte que desde la presidencia de la República el mismo personaje, MVC, junto a sus claros operadores mediáticos e incondicionales en la administración de justicia, gracias a familiaridades ideológicas y prebendas como la contratación de sus parientes en cargos del Poder Ejecutivo,  haya lanzado toda una ofensiva contra quienes en cumplimiento de sus funciones, sea desde el Poder Legislativo, la Fiscalía de la Nación o los partidos políticos con representación parlamentaria, podían siquiera acercarse al caso y peor aún quitar los velos que lo cubren y garantizan no solo impunidad para los responsables sino que sigan actuando como lo han hecho por casi dos décadas, expoliando al país.

Se trata de un evidente esquema, que a no dudar podría tipificarse válidamente como una organización criminal infiltrada en el Estado, que pugnó por hacerse del poder cometiendo incluso delitos contra la voluntad popular y que, obtenido el mismo, poco o nada le importó gobernar.

¡Tremenda situación!