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No existe autoridad

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Fecha Publicación: 05/11/2021 - 21:20
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En estos 100 primeros días de gobierno, qué duda cabe, han sido de incertidumbre y desconfianza para la población, y ahora también de terror, lo que ha caracterizado al gobierno del profesor Pedro Castillo y de su partido Perú Libre en cogobierno con Juntos por el Perú. El peligro de no saber qué se quiere como proyecto de país es inquietante.

La crisis política se agrava amenazando, incluso, la unidad de los propios militantes del partido de gobierno en su relación con el mandatario de la Nación demostrado, en el Congreso, el jueves pasado en el voto de investidura.

Pero lo más grave es ver cómo van en aumento los conflictos sociales, frente a un gobierno que lo permite y, al parecer, lo avala con increíble parsimonia allí donde se debiera actuar con firmeza para garantizar el orden y el respeto por la ley y las elementales normas de convivencia pacífica.

No sólo se trata de la delincuencia común que ha ganado las calles en Lima y otras ciudades del país, sino de cuadros políticos organizados que son azuzadores de una violencia que se ha hecho evidente en varios corredores mineros del sur y norte, sin que se note la presencia de las fuerzas del orden para evitarla.

Nunca se había observado que las turbas fanatizadas de pobladores incendien con total impunidad y tranquilad viviendas, equipos de trabajo y maquinarias como ha ocurrido esta semana en el campamento minero Apumayo y, en la región sur de Ayacucho. Fueron dantescas las escenas que pudimos ver gracias a las redes sociales y a la televisión, con inmensas llamas de fuego y humo negro provocados, aparentemente, por pobladores de Chaviña, Coracora y Lucanas.

Por otra parte, a miles de kilómetros al norte, en la región Áncash, la minera Antamina, uno de los mayores yacimientos mundiales de cobre controlada por un consorcio transnacional, se vio obligada a suspender sus operaciones debido a un paro campesino indefinido que bloqueó sus rutas de acceso, impidiendo la libre circulación de sus unidades de transporte.

“Creemos que no existen garantías para desarrollar nuestras labores productivas o para seguir trabajando en los proyectos y obras por el desarrollo en nuestra área de influencia operativa”, anunció la empresa.

Antamina, bajo control de la australiana BHP Billiton y la suiza Glencore, exhortó al gobierno “a restablecer el orden” a fin de retomar el diálogo entre las partes en conflicto.

La comunidad campesina del distrito de Aquia, vecina al yacimiento, denunció que la minera “usurpó terrenos” que le pertenecen por lo cual reclama mejores condiciones sociales. Las autoridades que debieron reaccionar con prontitud frente a la crisis en asomo brillaron por su ausencia, alimentando aún más los ánimos caldeados de una población enardecida. Los campesinos, por su parte, han exigido la presencia del presidente Castillo para solucionar el conflicto.

Esta paralización es la más grave registrada estos últimos días. Se trata de una empresa que debe soportar considerables pérdidas diarias, según lo señaló su presidente, Víctor Gobitz. “En términos generales, estamos hablando de entre US$ 10 y 14 millones diarios, de menores ingresos. Esto impacta en el haber de los trabajadores, en recaudación del país y en el canon minero”, advirtió el ejecutivo.

La actividad minera tiene un papel gravitante en la economía del país, puesto que, se sabe, genera valor agregado y aporta cerca del 10% al producto bruto interno (PBI), mayores divisas e ingresos fiscales por impuestos, la creación de empleos directos e indirectos, y la mejora del crecimiento potencial de la actividad económica. La minería, en general, representa más del 50 % de exportaciones en el país y es el mayor contribuyente ante la Sunat.

Todo ello debe llamar la atención del gobierno que parece desconocer las consecuencias que podría traer para la economía nacional el discurso anti minero de sus grupos más radicalizados. Hay reclamos de las comunidades afectadas que son justos, es cierto; pero para resolverlos deben establecerse los caminos del diálogo. Y aquí, el papel del gobierno se torna fundamental.

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