No hay castigo, hay persecución
La borrachera de poder de dos fiscalillos es lo que hemos comprobado estos últimos dos años alrededor de una escandalera cuyo costo moral y económico es incalculable: el affaire Lava Jato. Dos fiscaletes hollywoodenses que, so pretexto de perseguir a los responsables de tamaño asalto al Perú, usan la Fiscalía como instrumento coercitivo para criminalizar la política. Esto por cortesía de un régimen rufianesco que los utiliza como espolón de proa para deshacerse de la oposición democrática.
El presidente golpista Martín Vizcarra ha destripado al Estado. Clausuró inconstitucionalmente el Parlamento; dividió partidariamente al Ministerio Público; hostilizó temerariamente al Tribunal Constitucional; desprestigió brutalmente al Poder Judicial con pandemoniums novelescos. ¿El objetivo? Erguirse en mandamás de una nación que estuvo ad portas de salir del tercer mundo, pero que ahora retrocede hacia su infortunio anterior. Sobre esta coyuntura, EXPRESO publicó ayer una primera entrega de una entrevista muy reveladora al ilustre hombre de leyes Enrique Ghersi. A continuación sintetizamos las conclusiones de esta primera parte.
-En el Perú no hay castigo. Lo que hay es persecución.
-Martín Belaunde estuvo preso cinco años sin acusación fiscal. Ha purgado condena. Antes lo persiguieron, extraditaron, encarcelaron. Pero nadie lo acusa.
-Los Humala estuvieron presos. Los liberaron, incautaron su casa, se la devolvieron. Pero hasta ahora no presentan una acusación fiscal.
-En el caso de Keiko Fujimori tenemos que hasta el Tribunal Constitucional también la ha declarado libre. Pero hasta ahora la Fiscalía no presenta acusación. Y en lugar de acusarla, la Fiscalía nuevamente pretende solicitar prisión preventiva. Eso no solo es abuso sino una perversión del concepto de justicia. Si el Ministerio Público dice que cuenta con suficientes elementos de juicio, ¿por qué no acusa? Es responsabilidad exclusiva de los fiscales.
-Si no han acusado y mantenido a personas detenidas sin acusación, puede dar lugar a responsabilidades económicas del Estado peruano.
-La Corte Interamericana CIDH ha establecido reglas de compensación para valorar la corroboración de un colaborador eficaz. No basta su palabra ni la declaración de otro colaborador eficaz. Las reglas para corroborar declaraciones de un colaborador eficaz se hacen con hechos. Además debe valorarse la contradicción. Porque si una persona dijo A y después como colaborador dice Z, ¿a quién le creo?
-Los fiscales han montado un gran drama ante la opinión pública. Que de una vez por todas empiecen un juicio oral para saber qué está sucediendo. Han pasado cinco años.
-Tenemos una justicia anticorrupción draconiana y unos procesos judiciales que se parecen a los de Moscú antiguo. Hay un pequeño núcleo jacobino que quiere ejecutar a todo el mundo y poner penas de 30 o 40 años como mínimo; pero el resto de la justicia sigue exactamente igual. Esto incrementa la desigualdad y el desequilibrio y la gente se da cuenta que esta justicia desequilibrada, politizada, es una caricatura política. No un acto de justicia auténtica sino un ajuste de cuentas entre grupos políticos rivales.
