No hay democracia sin libertad de prensa

Tres pilares son los que sostienen un sistema democrático: la participación ciudadana, el control interpoderes del Estado y la libertad de prensa; además de otros instrumentos normativos que concurren a su desarrollo, cuando son efectivamente respetados y aplicados.

Respecto a la actuación de la población con relación al manejo del poder, esta se puede producir en variadas formas, sin descartar su desnaturalización cuando se hace uso de la violencia, afectando la integridad física de las personas y/o los bienes públicos y privados. Deberes y derechos que están claramente previstos en nuestro ordenamiento constitucional vigente.

Igualmente, establecidos en nuestra norma constitucional, encontramos los medios que permiten que el Congreso, a través de los representantes parlamentarios puedan ejercer el control político sobre el Poder Ejecutivo y los otros organismos constitucionales, en ejercicio de su función fiscalizadora.

Y, sin estar considerada formalmente como un “cuarto Poder del Estado”, la labor que desarrollan los medios de comunicación, hablados, escritos y televisados, sin dejar de citar a la difusión de noticias o comentarios que se producen a través de las redes informáticas, constituyen ser los medios más eficaces para dar a conocer a la población los hechos y acontecimientos que se producen en nuestro diario vivir, además de recoger y difundir las opiniones de especialistas o analistas sobre diversos temas de interés nacional.

Pero, cuando mal se utilizan o aplican estos pilares y comienzan a moverse, por impulso de quienes así lo quieren, la inestabilidad del sistema democrático, de la misma manera, se verá afectado, y todo lo que pudiera hacerse por mantenerla o conservarla no tendrá la fuerza para sostenerla.
La libertad de prensa, ayer, hoy y siempre, se ha constituido como el más importante instrumento que permite a la ciudadanía estar suficientemente informada y, con ello, estar en mejores condiciones para opinar o decidir políticamente cuando se requiera su participación; especialmente en los procesos electorales y en las consultas populares.

Cuando en el Perú, comprobamos la variedad de medios de comunicación que existen, en todas sus especies, nos debemos de sentir orgullosos que, independientemente de las posiciones ideológico-políticas que cada medio tenga, así como de las particulares opiniones que podemos tener cada uno de nosotros, estamos en condiciones de poder optar por revisar o recoger la información del medio que más nos inspire confianza, sin estar sometidos a imposiciones o sometimientos externos.

El derecho de informar que los medios de comunicación tienen, para ejercer su función; el derecho de la ciudadanía de informarse, sin someterse a ningún parámetro establecido; y el derecho de opinar, que significa comentar la noticia, son las libertades o seguridades que nuestra Constitución garantiza, y que todos estamos obligados a hacerlas cumplir y respetar.

Dentro de un proceso investigatorio, el formular preguntas a quien dirige un medio de comunicación, como lo es el Director de Expreso (diario que gentilmente difunde nuestros comentarios), para que informe cómo funciona “…en lo interno, el periódico…”, y, asimismo, se precise los criterios que se tienen para “…aprobar las notas, artículos periodísticos y de opinión…”, son verdaderamente un atentado en contra de la libertad de prensa. Además de violentar el secreto profesional que, como derecho, le corresponde al medio de comunicación, al no estar obligado a informar de cómo consiguió la información.

Si una persona se puede ver afectada por lo que se difunde como noticia o información, tiene el derecho de exigir al medio de comunicación su rectificación; y para eso existen los canales procesales que las normas jurídicas tienen previsto.

Pero, respecto al derecho de opinar que los analistas o especialistas tienen, así como el del medio de comunicación de darlas a conocer a la población, es una libertad que, por el contrario, debe cuidarse con especial cuidado; pues, de esas opiniones dependerá la forma como se comporta la población con relación a un asunto que le puede interesar.

En consecuencia, todas las autoridades, en todos sus niveles, si quieren que su actuación, como funcionarios públicos, contribuya con la consolidación o desarrollo de nuestra democracia, deben comportarse dentro del marco las prerrogativas y limitaciones establecidas en nuestra Constitución Política vigente.

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