No hay todopoderoso eterno… afortunadamente

Los miembros de la JNJ tienen que salir, aunque les queden pocos meses en el cargo. Es un tema de principios; han acumulado innumerables causales para ser destituidos. Los siete ciudadanos que la conforman, absolutamente descalificados, tienen un poder inmenso: nombran, evalúan y ratifican a todos los fiscales (cerca de 6,500) y jueces (más de 3,000) a nivel nacional. La administración de justicia en el Perú está en crisis y uno de los grandes responsables es esta Junta que ha dado muestras evidentes de estar ideologizada, no solo por el comunicado en apoyo a Zoraida Ávalos para intentar salvarla de la inhabilitación, sino toda su conducta respecto de los fiscales cuestionados recientemente, a quienes han medido con distintas varas. ¿Politizados? Hasta el extremo.
Una causal gravísima para su destitución es haberse coludido en la ruptura de la ley. El inciso 3 del artículo 156 de la Constitución es clarísimo respecto al requisito de edad para acceder y ser miembro de la institución: Ser mayor de 45 y menor de 75 años. Inés Tello debió cesar en el cargo al alcanzar el límite máximo de edad, punto. El tenor es clarísimo, no caben interpretaciones.

Increíblemente este tipo de supuestos de ilegalidad también se presentan en otras partes del mundo. Recientemente la Corte Suprema Argentina ordenó que la jueza Ana María Figueroa deje su cargo en la Cámara de Casación Penal por haber cumplido la edad límite de 75 años, señalando expresamente que “había perdido la investidura judicial que le permitía el ejercicio del cargo”. ¡Impecable! Ante la resistencia de Figueroa, sus propios pares acordaron que una solución práctica sería dejar de abonarle el sueldo. Ya lo dijo Perón muchísimos años atrás: “el órgano más sensible del ser humano no es el corazón sino el bolsillo”.

La Constitución Argentina prevé que un Juez Supremo pueda continuar en el cargo luego de cumplidos los 75 años, por acuerdo del Senado ratificado mediante decreto presidencial. Desafortunadamente para Figueroa, quien siempre votaba en consonancia con Kirchner, la fuerza de la oposición se impuso, en una decisión que nadie cuestionó.
Incluso se especuló que, de permanecer en el cargo, incurriría en el delito previsto en el artículo 246 del Código Penal Argentino: “El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público…continúe ejerciéndolo…”.
En el Perú estamos presenciando una desmedida y obscena lucha por mantener el poder, el jugoso sueldo de US$ 9,000 y el trueque de favores. Mueven todos sus hilos para mantenerse indemnes. El año pasado no se obtuvieron los 87 votos para removerlos, pero recientemente la SAC del Congreso aprobó un informe para acusarlos e inhabilitarlos por 10 años, por cobijar ilegalmente la permanencia de Tello, a pesar de haber superado con creces el límite de edad.

Aquellos que los exculpan han invocado todo tipo de falacias, en especial aquella que asume que el Congreso no tiene facultades removerlos, por cuanto se estaría violando el principio de separación de poderes o eventualmente, los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder público. Parece razonable, pero es errado: la JNJ no es un poder del Estado y, el Congreso está constitucionalmente habilitado para destituirlos con 87 votos por causa grave y que más crítico que apañar la violación de la ley. Los defensores, llámese la OEA, la CIDH, Human Rights Watch y otras antojadizas instituciones caviares se rasgan las vestiduras en salvaguarda de la independencia judicial como principal garantía del sistema democrático, cuando todos sus pronunciamientos y decisiones son siempre sesgadas y motivadas por intereses particulares. Por su parte, los empresarios y dirigentes gremiales que alzaron la voz hace unos meses, hoy están calladitos. Tardaron en darse cuenta de que son indefendibles.

Confiemos en que este mes de marzo, nos hayamos librado y para siempre, de esta poderosísima JNJ, evidente brazo político caviar.

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