¡No a la penalización de la pobreza!
No muy halagüeñas noticias nos llegan desde la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que ha confirmado la existencia del fenómeno “El Niño”, aunque señala de fuerza debilitada pero con un 55 % de probabilidades de mantenerse en esta parte del hemisferio durante los meses de Otoño, lo que obliga a los organismos que conforman el Sistema Nacional de Defensa Civil (Indeci, comités regionales, provinciales y distritales de Defensa Civil, entre otros); a no bajar la guardia en la protección y ayuda de la población ante desastres naturales, los que dicho sea de paso en materia de prevención poco o nada han hecho, a la luz de la magnitud alcanzada en la parte sur del país, donde ha habido mortandad y cuantiosos daños materiales, pese a lo débil de este “Niño”.
Lo más triste e indignante, además del costo de vidas humanas, es que siendo el Perú un país aún precario en materia de edificaciones, sus autoridades han permitido a numerosa población construir sus viviendas en las laderas de los cerros, en quebradas, en las riberas y cauces de los ríos, en suelos altamente húmedos, prácticamente todos los boletos de una rifa cuyo premio mayor sabe a “muerte”. Y a más de esto, soportar la pantomima de ver a esas mismas autoridades aparecerse en las zonas de desastre con sus caras de “dame un sol”, con discursos efectistas de “solidaridad” y “ofrecimiento de ayuda pronta”, muchas veces para la “exportación”, es decir para las cámaras de la prensa que cubren la noticia, que una vez apagadas, tales autoridades retornan a sus lugares de orígenes para monitorear la ayuda cómodamente instalados desde sus oficinas, sin sufrir las carencias de los damnificados y afectados por los desastres naturales. ¡Así cualquiera!
Así las cosas en el fragor del debate para prevenir estos escenarios de destrucción, alguien ha propuesto que se considere “delito” edificar sobre estos lugares altamente riesgosos, pero en lo particular disiento en aquello, porque sería en la práctica como “penalizar la pobreza”, cortar la pita del lado más débil, dado que quienes habitan estas construcciones precarias ostentan una economía deprimida y la labor del Estado es sacar a esas poblaciones del estado de postración en que se encuentran y hacer un eficaz trabajo de prevención, el cual parece no interesarle a nadie, quizá tal vez porque ¿no reditúa beneficios políticos? Claro, es que vende más la imagen mesiánica de la autoridad llegando en helicóptero al lugar del desastre, prometiendo el oro y el morro. Salvo mejor opinión.
