No a la violencia

El gobierno, debe haber procesado bien la experiencia de las asonadas violentistas que los grupos de izquierda vinculados al expresidente Pedro Castillo protagonizaran, principalmente, en las regiones del sur del país, a la caída de su líder por golpista. Luego de ese autogolpe fallido, buscando quebrantar el orden constitucional del país, los activistas de Castillo y algunos grupos de la izquierda radical tomaron las principales vías de circulación terrestre, incendiaron locales públicos, entre ellos, comisarías, causaron destrozos en locales comerciales, amenazaron a quienes deseaban seguir trabajando, sembraron el terror en la población y anunciaron, aquella vez, que retornarían a Lima, luego de sus infructuosos intentos de “tomar la ciudad”.

Esta vez, parece que el trabajo de la policía y las autoridades del gobierno para prever acciones violentas y que no se repitan parecidos escenarios de agresividad contra la población, va por buen camino. El gobierno decidió declarar en estado de emergencia la red vial nacional, incluido el corredor minero, para impedir los bloqueos del pasado, que tanto daño han ocasionado no sólo en la salud mental de la población afectada, sino en la economía del país que se vio fuertemente golpeada.

Los propios empresarios y emprendedores han salido, en esta ocasión, a protestar y anunciar que sus gremios organizados no están dispuestos a permitir las manifestaciones violentas.

Por lo pronto, el Gobierno enviará al Ejército a resguardar las carreteras nacionales, incluido, esta vez, y en vías de previsión, los corredores mineros. Si bien, reconocen el derecho de los ciudadanos a movilizarse y expresar, libremente, su protesta contra los que deseen, no permitirán, sin embargo, que éstas vayan acompañadas de actos violentos ni menos de acciones claramente terroristas. “No se puede impedir que otros vayan a trabajar y realicen sus actividades cotidianas. Nuestro pueblo nos reclama que haya paz, orden y respeto para salir a trabajar libremente”, dijo, a la prensa, el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes. En esta línea se pronunciaron el premier Alberto Otárola y el ministro del Interior, Vicente Romero.

“Un pequeño grupo no nos puede arrinconar desde ningún punto de vista. ¿Queremos otra vez comisarías incendiadas? ¿Más policías heridos? ¿Más personas heridas? ¿Fallecidos? ¿Luto? Queremos trabajar. La PNP está preparada para cualquier evento adverso que se pueda desarrollar frente a cualquier convocatoria que pueda haber”, señalaron los representantes del gobierno, mientras que las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos decidieron suspender, indefinidamente, las clases presenciales por “razones de seguridad y en prevención de contingencias”, según dieron a conocer en un comunicado público.

Recordemos que, en las manifestaciones violentas anteriores, algunos dirigentes estudiantiles utilizaron los jardines de la universidad para albergar delegaciones trasladadas de algunas provincias del interior, lo cual provocó mayores situaciones de conflicto social.

A su vez, la Unión de Gremios del Perú rechazó, a través de sus dirigentes, la llamada “toma de Lima”, advirtiendo que sus gremios no permitirán actos de violencia. “En diciembre y enero pasado, nuestro país se vio paralizado en muchas regiones por el cierre de carreteras y aeropuertos, atentados a la propiedad pública y privada, generando grandes pérdidas en el turismo, comercio, agro, minería, unidades productivas y lo más lamentable la pérdida de vidas humanas. “El país no puede permitirse paralizarse debido a protestas violentas, especialmente en momentos en los que se requiere unidad para reactivar la economía y enfrentar los embates del fenómeno El Niño, que se espera que afecte al país con intensas lluvias en el norte y graves sequías en el sur”, precisaron los dirigentes empresariales.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez, los empresarios han salido al frente y hablaron con firmeza. Esperamos que esa actitud sea imitada por la mayoría de la población.

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