¡No más vacas sagradas supremas!

Permítanme compartir un caso de injusticia que puede ser similar al que enfrente un familiar, amigo o vecino. La impotencia ante este abuso miserable, por miedo a represalias, ha tenido un silencio cómplice, indigno y despreciable, pacto indigno de colegas “para no generarse anticuerpos”, en vez del propósito supremo de velar por la adecuada administración de justicia. Me refiero, precisamente, al reino del espanto, el Poder Judicial, a esa execrable impunidad que reina y es señorío en este importante y vital Poder del Estado, hoy desprestigiado en todas las encuestas.

¡La ciudadanía, con justa razón, los repudia!

Los culpables de este escandaloso hecho son los jueces supremos: Elvia Barrios Alvarado (expresidenta del PJ), Susana Castañeda Otsu, Ricardo Brousset Salas, Norma Carbajal Chávez y Walter Ricardo Cotrina. Ellos han incurrido en una serie de irregularidades funcionales y administrativas en materia penal, vulnerando el debido proceso, la presunción de inocencia, principio de legalidad penal y la rectitud funcional.

En un determinado caso el dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Penal solicita se declare la nulidad de la sentencia, por existir una serie de irregularidades procesales, afectación a los derechos y garantías contempladas en nuestra Constitución y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estas fueron cometidas por los jueces Ángel Mendívil Mamani, Miguel Sotelo Tasayco y Ramiro Vila Oré, de la Sala Penal Liquidadora (exCuarta Sala) del Callao.

No permitieron la permanente asistencia física y presencial del procesado durante el juicio oral, situación irregular y anómala al cual sólo asistió 3 sesiones de 13 en las que por derecho le correspondía estar, aunado al quiebre del juicio oral por no haberse respetado en varias ocasiones los plazos establecidos en el Código de Procedimientos Penales.

El Ministerio Público, defensor de la legalidad, alerta a los jueces supremos de todas estas arbitrariedades, pero estos, haciendo caso omiso confirman una barbarie judicial, no hay razón que justifique la negación de aplicar Justicia. Estos hechos son tan solo un botón de muestra, no son la excepción, pero vienen perpetrándose violaciones a derechos constitucionales y atropellos a diario por jueces de primera y segunda instancia, no quedándose atrás los jueces de la más alta investidura en el Poder Judicial.

Para que se aperture un proceso penal debe previamente correr anexado una disposición fiscal que inicie la acción. Si el fiscal no denuncia, no acusa, no existe un caso penal.
Sostengo claro y fuerte, por contar con las pruebas que corroboran lo afirmado contra este Poder Judicial que hasta hoy no quiere ser tocado ni con el pétalo de una rosa. ¿Acaso tienen corona? Todo tiene un límite, aun el abuso y la prepotencia de sentirse una casta intocable y privilegiada que juegan a ser dioses teniendo en su dedo pulgar si vivir o morir.

Sea cual sea el poder que corre por sus intereses, si no hay integridad y el respeto escrupuloso a una administración de justicia digna y única en el marco de la probidad, la objetividad y la verdad, no tendremos el Perú que nos proteja y los merezca a los aludidos.

Como no me tiembla la mano para denunciar a genocidas, corruptos y jueces que se creen superpoderosos y seguir expectando, ¡Vacas sagradas!, hemos presentado denuncia ante la Junta Nacional de Justicia, esperamos ¡Sanción ejemplarizadora!

He dicho.

Por Liliana Humala De La Oliva

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