“No renunciaré”: la economía en clave de Lolita

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, enfrenta presiones crecientes para dimitir de su cargo por los recortes a los gobiernos regionales, a lo que ha respondido con una declaración resuelta, eco de la icónica frase de Lolita en los setenta: “¡No renunciaré!”. Respaldo que ha recibido también de la presidenta y el premier.
A primera vista, el gobierno peruano tiene motivos para el optimismo, citando el crecimiento del 5 % del PBI en diciembre, una balanza comercial favorable y una sólida reserva internacional como señales de una economía en el curso correcto. A pesar de esto, la verdadera situación fiscal del país cuenta una historia diferente, caracterizada por un crecimiento del gasto público del 10 % en un solo año frente a un modesto aumento de ingresos del 4,7 %, resultando en un preocupante déficit del 3,7 % del PBI. La gran pregunta no es si habrá un ajuste fiscal, sino cuándo y con qué consecuencias.
La estrategia gubernamental, centrada en proyectar crecimiento económico, choca contra las barreras de problemas estructurales sin solución aparente. La adhesión prevista de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aparece como un logro de la gobernanza económica. Sin embargo, sin un esfuerzo significativo hacia la reforma del aparato público y la disciplina fiscal, este avance podría reducirse a un mero simbolismo.
Uno de los mayores agujeros fiscales es Petroperú, una empresa estatal con una deuda de US$ 8.5 mil millones, cuya modernización de la refinería de Talara superó los US$ 6 mil millones y sigue sin operar a plena capacidad. En comparación, empresas estatales de la región, como Ecopetrol y Pemex, han logrado modernizarse y ser rentables, lo cual da luz sobre la inminente necesidad de una reestructuración.
En paralelo, el gasto en planilla estatal ha aumentado en un 30 % en los últimos cinco años, sin mejoras en productividad ni en la calidad de los servicios públicos. La burocracia ineficiente y la resistencia a una reforma real del servicio civil agravan el problema, mientras el Congreso sigue aprobando leyes populistas que incrementan sueldos sin respaldo fiscal.
A pesar de proponer estrategias relevantes como desbloquear proyectos de inversión, simplificar regulaciones y promover la estabilidad macroeconómica a través de la adhesión a la OCDE, los esfuerzos de Arista se ven mermados por la ausencia de controles efectivos en el gasto y la falta de decisión política para reducir la carga burocrática en el sector público.
Los proyectos de inversión en minería pendientes ofrecen un rayo de esperanza para impulsar la economía, siempre que se cuente con la estabilidad política y la reducción de la conflictividad social necesarias para su realización. Mientras tanto, la proyectada simplificación regulatoria promete fomentar la confianza inversionista, aunque su éxito será determinado por su efectiva implementación y el compromiso de actores regionales.
En un punto crítico de crisis fiscal, el país necesita un liderazgo que enfrente decisiones impopulares con valentía. Arista, al decidir permanecer en su cargo, se enfrenta al desafío de no solo gestionar la crisis, sino de resolverla, mediante un discurso que comunique con claridad la necesidad de un ajuste fiscal ordenado y la implementación de reformas estructurales que garanticen la sostenibilidad a largo plazo. Además, debe congelar contrataciones, no renovar contratos temporales de manera selectiva y eliminar gastos superfluos. Innovaciones como la tercerización de servicios y la digitalización de trámites pueden ofrecer una salida más eficiente y transparente.
Arista ha decidido no renunciar. La cuestión es si lo que realmente no está dispuesto a abandonar es su responsabilidad de corregir el rumbo económico o si simplemente apuesta por la continuidad como el resto del gabinete. Como canta Lolita, “No renunciaré”, pero la pregunta es: ¿hasta cuándo podrá cantarla sin desafinar ante la realidad económica?

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