No sigamos el ejemplo chileno

A raíz de las violentas movilizaciones sociales iniciadas el 2019, el gobierno de Piñera y la derecha chilena cedieron, y se aceptaron las demandas de cambiar la Constitución a través de una Convención Constituyente.

Como si una nueva carta magna, por sí misma, pudiera resolver los problemas coyunturales y estructurales que afectan a Chile. En todo caso el resultado constitucional fue peor de lo esperado.

Solo mencionaremos que el primer artículo de la Constitución aprobada por la Convención Constituyente establecía que Chile era un estado “plurinacional” (tesis postulada intensamente por Evo Morales). Lo que hubiera incentivado las tesis separatistas vigentes en dicho país, sobre todo si se tiene en cuenta que el proyecto de constitución también establecía que se respetarían los sistemas judiciales de los grupos originarios (mapuches, aymaras, quechuas, etc.), lo que inclusive podría haber afectado la política exterior. Sobre todo si se tiene en cuenta una cierta tendencia global hacia el retorno a las naciones “originarias”. Por lo que el proyecto de constitución fue rechazado en un plebiscito por un contundente 62% de los chilenos.

Una vez rechazada la propuesta constitucional, y luego de 100 días de negociaciones entre las principales agrupaciones políticas ,14 partidos con representación en el Congreso acordaron una serie de normas que se supone que evitarán que se repita el error anterior. El nuevo proyecto de Constitución se supone que se entregará el 21 de octubre de 2023 y será sometido a un plebiscito ratificatorio, con voto obligatorio, el 26 de noviembre de 2023.

Por lo que, si todo funcionara de acuerdo a lo establecido, Chile ( y sus inversionistas) habría tenido que esperar más de 4 años desde las revueltas de octubre de 2019 para conocer cuál será la Carta Magna que regirá los destinos del país en el futuro, lo que está afectando severamente a la economía que fue el ejemplo a seguir en la región. Es así que el FMI ha manifestado que Chile sería la única economía de América Latina que se contraerá en el 2023. Estimándose una caída del PBI de -1.5%. Y la variable clave de la inversión privada, luego de 3.5 años de inestabilidad constitucional (y 4 años en el mejor de los casos), se estima una caída de más del 35% en este año y una fuga de capitales que supera los $ 20,000 millones. Y en el caso, que sinceramente espero que no se presente, que la nueva Constitución que se va a elaborar no fuera aprobada, la situación se complicaría aún más. Ya que obviamente nadie invierte sino sabe cuáles van a ser las reglas del juego que regirían a sus inversiones.

Por lo que resulta muy importante que la ciudadanía peruana conozca de cerca cuál sería el camino hacia el que los izquierdistas y terroristas nos están impulsando. Y es el camino por el que, en su momento, transitaron Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y que el socialismo del siglo 21 pretende imponer en nuestro país. Es por ello que ahora que la convulsión social ha disminuido (sobre todo la que tiene demandas políticas), entre los asuntos que el gobierno debe impulsar para que las movilizaciones violentistas no se repitan, el oficialismo, los partidos de centro y derecha deberían explicar masivamente las principales características del ejemplo chileno, el que debemos de evitar a toda costa.

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