No todo lo informal es ilegal: el dilema de la minería en el Perú
Recientemente, la provincia de Pataz ubicada en el departamento de la La Libertad en el norte del Perú, se ha convertido en una zona de conflicto entre los mineros formales e informales, las corporaciones mineras y la minería ilegal organizada, por la adquisición del oro, a tal punto que el Gobierno ha decidido suspender la actividad minera por el plazo de 30 días a raíz de los sucesos de criminalidad organizada que se vienen perpetuando en dicha zona, por parte de los mineros ilegales.
Existe una dicotomía entre lo que significa la minería informal y la minería ilegal. La primera se refiere a actividades mineras que operan sin cumplir con todos los requisitos legales, pero que no necesariamente violentan las leyes penales y se encuentran sometidas a un proceso de formalización. Esta es una medida establecida por el Estado peruano para regularizar las actividades informales en curso de la pequeña minería y minería artesanal y consta de varias fases, incluyendo la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), la presentación de un Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización (IGAFOM), y la obtención de autorizaciones y permisos necesarios para operar legalmente. La finalidad de este proceso de formalización es el poder es integrar a los mineros artesanales y de pequeña escala en la economía formal, asegurando que sus actividades cumplan con estándares legales, ambientales y sociales. Esto busca mejorar las condiciones laborales, reducir impactos ambientales negativos y aumentar la recaudación fiscal. Del otro lado, tenemos al minero ilegal, que realiza actividades prohibidas por la ley, como la extracción de minerales en zonas no permitidas, utilizando métodos que dañan el medio ambiente, y claramente no tienen ninguna intención de formalizarse.
Desde el año 2002 se han dado por parte del gobierno peruano una serie de dispositivos legales entre normas y reglamentos, para la formalización y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal, reconociendo su importancia económica y social, incluso ya habiéndose prorrogado en varias oportunidades los plazos, para que puedan lograr una formalización integral.
Sin embargo, al día de hoy, nos encontramos ante un fenómeno de guerra por el oro, entre los mineros formales, informales, las corporaciones y los mineros ilegales, en la que los últimos mencionados están recurriendo a una sistemática organizada de aniquilación por el control del oro. Lo que denota una lejanía total por parte del Estado frente a este fenómeno criminógeno de grandes magnitudes y que ha venido creciendo, afectando a toda la comunidad minera del Perú. Queda claro que la solución de esta problemática, requiere el aumentar la presencia del estado mediante una mayor fiscalización y control de la actividad minera, así como intensificar la persecución judicial de las organizaciones criminales que financian y controlan la minería ilegal. Por último, involucrar a las comunidades de las zonas auríferas, para que sean parte de este proceso integral.
Por Gerardo Lamas Suarez
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