Noticias educativas, la otra cara
El ministro de Educación vertió unas infelices declaraciones a raíz de presuntos abusos sexuales contra niñas awajún perpetrados por algunos docentes de su escuela entre los años 2010 y 2024. La desafortunada explicación del ministro jalonó diversas reacciones: puya mediática, interpelación en el congreso, dimisión; y, como pretexto para señalar al gobierno nacional. Este tipo de respuestas tiene cabida en un sistema democrático. Sin embargo, lo que no tiene nombre, lo que clama al cielo, es que hayan transcurrido 14 años y aún sigan inseguras y desprotegidas las escolares awajún. De la inoperancia y parsimonia del ministerio poco se ha dicho.
Si el hecho ocurriera en la escuela privada, las primeras planas de los medios enardecidas, las ONG despotricando y el gobierno apurando normas, sanciones y controles. ¡Cómo ha sucedido en el sector público y en la zona amazónica, se prefiere ocultar, ensañándose con un mediocre comentario! El ministro se disculpará públicamente; mientras que las familias de la Provincia de Condorcanqui continuarán inseguras y con desesperanza: el Estado que debía protegerlas, personifica el peligro.
La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso aprobó el proyecto de ley que faculta a los padres, exonerar a sus hijos del curso de educación sexual integral (ESI) impuesto por el ministerio de educación. El mismo que durante 14 años –en la provincia de Condorcanqui– no ha podido eliminar al enemigo en casa; el mismo que siguiendo ideológicas foráneas decidió encajar un único tipo de educación sexual, desplazando con caprichosa soberbia, a los padres como primeros educadores de sus hijos. El estado tiene como costra, un prejuicio instalado: que como los servicios que brinda son gratuitos puede imponer o condicionar a su antojo a sus beneficiarios. Olvida que esa gratuidad es posible porque los ciudadanos pagan impuestos; por tanto, respetar su libertad, su sensibilidad y su tiempo es lo menos que puede hacer.
Otra noticia que motivó sendos comunicados fue el nombramiento de profesores sin atender a la meritocracia. Las reacciones que suscitó la decisión del congreso, poco más y anticipa el desmoronamiento del Minedu. Sin duda, en términos de bienestar laboral, los nombrados llevan mayor ventaja que los contratados. Sin embargo, este proceso de mejora, ¿beneficia a todos los estudiantes por igual? Me queda claro para aquellos que les enseñan profesores nombrados. ¿Qué ocurre con aquellos que no han calificado para serlo? ¿Continúan dentro del sistema del Minedu con las mismas responsabilidades de un docente? ¿Siguen dictando? Si los nombrados acceden a esa condición por mérito, quiere decir que su desempeño incide en el mejor aprendizaje de sus alumnos; contrariamente a lo que acaece con el aprendizaje de quienes son enseñados por contratados. ¿Discriminación le llaman? Defiendo enfáticamente que los ascensos se asignen en orden a los méritos. Lo que no comprendo es la modalidad que ampara el Minedu. Sería más sensato que quien no aprueba las evaluaciones sea desvinculado del sistema, se ofertarían plazas que serían cubiertas por estricto orden de mérito.
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