Nuestra alarmante inseguridad alimentaria
La inseguridad alimentaria significa disponibilidad limitada o incierta de alimentos con valor nutricional y de inocuidad. Lamentablemente, un gran porcentaje de familias peruanas enfrenta una grave crisis alimentaria, principalmente por limitados recursos económicos para adquirir alimentos de primera necesidad, considerando el excesivo incremento de la canasta básica de consumo (S/ 446 mensuales por persona), lo cual repercute en la salud y desarrollo social de nuestra población, especialmente en los niños, que requieren una alimentación con proteínas de alto valor biológico para no retardar su crecimiento. Actualmente, entre los menores de 5 años, más del 12 % padecen de desnutrición crónica, la mayoría en zonas rurales. Igualmente, el 43 % de niños entre 6 y 35 meses sufren de anemia, con su sistema inmune debilitado y ocasionándoles retrasos para caminar y hablar.
Según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Perú se posiciona como el país con la mayor prevalencia en inseguridad alimentaria en Sudamérica, registrando que el 41 % de la población (13.9 millones) enfrenta inseguridad alimentaria por bajos ingresos y precario poder adquisitivo para obtener alimentos básicos. De dicho total, 4.9 millones están en situación grave (sin comer uno o más días) y 9 millones en situación moderada (disminución alimentaria en calidad y cantidad).
Y aunque la presidenta Dina Boluarte, en su mensaje a la Nación, haya subrayado que la alimentación de los sectores más vulnerables seguirá siendo una prioridad, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, haya resaltado el impulso de Perú en innovación agrícola y seguridad alimentaria en la 10.ª Reunión Ministerial sobre Seguridad Alimentaria de APEC–Korea–2025, contrariamente, nuestra inseguridad alimentaria continúa siendo alarmante. Porque, aunque contamos con la Ley 31315 de Seguridad Alimentaria y Nutricional (reglamentada con el DS 31315, febrero de 2024), increíblemente, no tenemos actualizada una Estrategia Nacional ni un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y menos una Estrategia Nacional de Agricultura Familiar. Es decir, no contamos con una política nacional definida ni actualizada que oriente estratégicamente el aseguramiento de la seguridad alimentaria poblacional.
Bajo este panorama, la seguridad alimentaria es indispensable para satisfacer los requerimientos nutricionales de la población. El Gobierno debe implementar una política de seguridad alimentaria coherente y sostenible para impulsar la modernización, capitalización y productividad del campo, incrementando el soporte institucional y presupuestal, mejorando la producción sostenible y diversificada de alimentos con tecnología, investigación e innovación; apoyando sólidamente la agricultura familiar (proveedora del 80 % de alimentos que consumimos los peruanos) en infraestructura, tecnología, acceso al financiamiento y a mercados; además de mejorar el marco institucional y las capacidades de gestión de seguridad alimentaria en los tres niveles de gobierno.
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