Nuestro derecho a la seguridad ciudadana
Sentirse seguro es una necesidad esencial del ser humano. Es imposible lograr nuestro desarrollo integral si es que no vemos garantizada nuestra seguridad, por lo cual, la sociedad en su conjunto le confía poder a sus autoridades para que agoten todos los medios necesarios para hacerle frente a la delincuencia, por supuesto, respetando el marco jurídico vigente. Sin embargo, la criminalidad en nuestro país, se ha desbordado y combatirla hoy representa uno de los mayores retos en cuanto a capacidad y oportunidad para el Poder Ejecutivo que se encuentra evaluando diversas alternativas de solución a la inseguridad ciudadana.
En un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, las personas ven garantizado su seguridad ciudadana en un conjunto de garantías legales e institucionales dirigidas a resguardar sus principales derechos y libertades como la vida, la integridad, la propiedad, la libertad e incluso el acceso a derechos de naturaleza social como el derecho a la educación y al trabajo. El Estado desarrolla políticas públicas que deben tener como centro al ciudadano por lo que debe afrontar la inseguridad con una respuesta oportuna e integral por parte de los sectores involucrados.
En ese sentido, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana se articula con diversas instancias y órganos de los 3 niveles de gobierno, teniendo como ente rector al Ministerio del Interior y a su vez, al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana como órgano máximo del SINASEC. Este sistema tiene entre sus principales objetivos el fortalecimiento de la institución policial, que es definitivamente el eje de una seguridad ciudadana eficiente, por lo cual debemos apuntar a su profesionalización y a garantizarles una vida digna. Nuestra Constitución Política nos recuerda que nuestra Policía Nacional tiene la finalidad de garantizar el orden interno, se forman años para llevar a cabo su deber constitucional, por lo que incluso los policías retirados constituyen capital humano valioso y pueden sumar a la lucha contra la delincuencia, ser asesores técnicos, participar activamente en la formación de los jóvenes policías y en las labores administrativas.
Este año, solo se ha asignado el 6.1% del presupuesto público para atender la inseguridad ciudadana, lo cual aún resulta insuficiente, más cuando vemos la realidad: comisarias mal implementadas, personal policial insuficiente y poco capacitados, maltratados en hospitales de la institución con instalaciones deplorables. De otro lado, nuestras cárceles sobrepobladas, la ausencia de políticas públicas para controlar la migración forzada, la corrupción institucional y la poca articulación que existe entre los órganos e instituciones, son retos pendientes que demandan mayor voluntad política y mejor ejecución de gasto público. Si estos problemas no son resueltos, ningún plan, ni siquiera el popular Plan Bukele, funcionará como fórmula salvadora frente a la delincuencia y el crimen organizado.
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