Nuestro derecho a la seguridad informática

Todos tenemos derecho a desarrollar nuestras actividades en un entorno donde se nos garantice estar protegidos de todo aquello que amenace nuestra paz y tranquilidad. Sentirnos seguros es nuestro derecho constitucional, y no solo implica nuestra dimensión física, sino también todo espacio de desenvolvimiento cotidiano, tal como el hecho de ahorrar nuestro dinero en una entidad bancaria. Si guardamos el dinero en un banco, es a cambio de seguridad.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, la seguridad no es el factor que más pesa al momento de tomar la decisión de elegir en qué banco ahorrar, al menos no más que la rentabilidad ofrecida. Así que, si no guardamos el dinero que ganamos con el sudor de nuestro esfuerzo debajo de un colchón, es porque ese dinero depositado se incrementaría por los intereses ganados. Muy pocos pensamos en qué pasaría si ese dinero, que seguramente representa los ahorros de toda una vida, se perdiera de pronto o si nuestras claves y contraseñas fueran de dominio público.
Lo sucedido con el banco Interbank ha encendido las alertas sobre los sistemas de seguridad bancarios. Los avances tecnológicos no solo nos han traído mayor progreso; también nos han puesto en peligro frente a nuevas formas más sofisticadas de criminalidad que pueden impactar de forma grave en nuestros derechos a la vida, a la seguridad y a la propiedad. Justamente a eso estamos expuestos cuando se producen estos ataques cibernéticos. En efecto, ser víctimas de un hacker impacta directamente en el derecho a la reserva de nuestros datos personales en el sistema bancario.
En teoría, en una entidad bancaria, la vulneración de nuestra información personal es impensable, ya que se entiende que manejar los ahorros de millones de usuarios implica contar con sistemas sofisticados de seguridad cibernética. Sin embargo, la realidad es totalmente contraria, y hoy los clientes de Interbank esperan respuestas no solo del banco, sino también de las autoridades. Se espera que Indecopi inicie una investigación de oficio contra la entidad bancaria, así como que la Superintendencia de Banca y Seguros inicie las acciones pertinentes, dado que es obligación del banco implementar protocolos de respuesta frente a la seguridad vulnerada.
La libertad de empresa implica un ejercicio responsable respetando los límites en un Estado de Derecho. Esto comprende nuestro derecho constitucional a la protección de nuestra información personal. Este derecho, al no ser cautelado por la entidad bancaria, genera una responsabilidad que debe hacerse efectiva por las entidades reguladoras y por la Autoridad Nacional de Datos Personales. No olvidemos que lo que debe tener prioridad en la relación banco-cliente es la confianza producto de la certidumbre que generan el prestigio y la solidez financiera de los bancos.

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