Nuestro derecho a saber

Uno de los factores más importantes para medir la calidad de la democracia es la transparencia, concepto estrechamente vinculado con la vigilancia y la participación ciudadana, dos catalizadores de una gobernanza responsable que promueve la eficiencia y la legitimidad de las instituciones.
En este sentido, el acceso a la información es un derecho universal que enfatiza el rol ciudadano en la toma de decisiones de los asuntos públicos y la mejora de la administración estatal.
El derecho de acceso universal a la información, consagrado tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales de derechos humanos, parte del derecho a la libertad de expresión, comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, siendo su pleno ejercicio el que garantiza el sometimiento del poder estatal al ojo ciudadano.
Entonces, a partir de este derecho, se habilita el deber de cumplimiento por parte de la administración estatal de absolver los requerimientos de información relacionados con la gestión logística y presupuestal, manejo de recursos, designación y nombramiento de funcionarios, entre otros. Es decir, el Estado debe responder en un plazo razonable, suministrando la información requerida de forma fundamentada y amplia.
El ejercicio efectivo del derecho, además, opera como un mecanismo preventivo en la lucha contra la corrupción.
En efecto, el impacto de la corrupción en el acceso a derechos como la salud o la educación se ve reflejado en la desigualdad, pero además socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
En nuestro país no hay una cultura de la transparencia ni de vigilancia ciudadana.
No hemos tomado conciencia de que la criminalidad organizada se soporta en la corrupción institucional.
Tal como la doctora Rose Ackerman, de la Universidad de Yale, sostiene, la corrupción socava gobiernos democráticos, tornándolos vulnerables a regímenes autoritarios.
El derecho a saber contribuye a fortalecer el vínculo Estado-ciudadano, que es la base del contrato social, necesario en la dinámica de las relaciones administrativas, como la confianza que el contribuyente debe tener en la administración estatal, conocer la utilidad y el destino que el Estado le da a sus impuestos, si cumple las funciones que el poder soberano le ha confiado para lograr los objetivos de proporcionar seguridad económica y jurídica.
El derecho de acceso a la información debe ser parte de la enseñanza escolar, formar conciencia cívica desde pequeños, procurando una participación activa en los procesos de consulta y de rendición de cuentas en su comunidad.
Es momento de cambiar la visión de ciudadanía, de una que espera que el Estado lo haga todo, por otra bien informada, que se conduzca respetuosa de la ley y vigilante frente al ejercicio de poder.

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