Nuestro desprestigiadísimo Ministerio Público
Comentábamos ayer la atroz coyuntura en que se encuentra nuestra nación, plena de falsos valores e infestada de una plaga de ONG que se han apropiado del aparato del Estado, transformándolo en un cenáculo politiquero que actúa al compás de la música que le toca la progresía marxista, madre de todas las ONG activistas del planeta.
Esta tesitura revela la orfandad de Estado que soportamos, derivada de la tragedia de vivir en un país gobernado por invasores. Contrabando que aprovecha un operador de la ley, como la fiscalía. Porque cuando decide hacerla valer, lo hace en perjuicio de los opositores al gobierno. Así actúa nuestro Ministerio Público desde que una camorra de ONG progre-marxista secuestrase al Estado peruano. Hoy la Fiscalía de la Nación es otra entidad subordinada a palacio de gobierno. Inclusive cuando se les pregunta a los “pulpines” de la “generación del Bicentenario”: “¿De qué sector depende el Ministerio Público?” responden campantemente: ¡“Del poder Ejecutivo”! Esto, amable lector, es inaceptable para toda democracia y bajo un Estado de Derecho. Es, exactamente, la perversidad más denigrante para ambos principios rectores en cualquier sociedad civilizada. Por tanto, en los momentos actuales el Perú no es una democracia ni su sociedad se rige por un Estado de Derecho. Vale decir, vivimos a caballo entre una autocracia y una laguna jurídica. La peor de las situaciones. ¡Porque nadie sabe a qué atenerse! Al decir nadie, estamos refiriéndonos a Juan Pueblo. Porque quienes han usurpado de facto el poder -la progresía marxista que viene dominando al Perú desde el año 2011- saben que lo que precisamente rige en nuestra nación es una dictadura mafiosa digitada por sendas ONG integradas por ellos mismos.
Analicemos el Ministerio Público, institución creada y regulada por la Constitución de 1979, que le atribuyera personería propia y autonomía, al igual que precisas funciones y atribuciones. En 1981, Fernando Belaunde designaba a Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel –abogado notable y persona intachable- como el primer Fiscal de la Nación. Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente. ¡Principalmente, la calidad de los Fiscales de la Nación ha venido decayendo a niveles deplorables! Ocurre ahora, cuando la señora Zoraida Ávalos ejerce esta función careciendo de la independencia, personería propia –pero sobre todo, la majestad- que le asigna la Constitución a dicho encargo. ¡Insufrible atentado contra la Justicia!
Hoy la Fiscalía de la Nación es un ente politizado, mediático, subordinado, manipulado y desprestigiado. Ejemplos palpables son los casos de megacorrupción. Allí ha sido incapaz de encararlos generando acusaciones dentro de plazos urgentes, permitiendo –inclusive fomentando- la podredumbre dentro del Estado. La Fiscalía, en los últimos cinco años, está abocada a imputar/perseguir/encarcelar –sin acusarlos ante un juez- a los opositores políticos del régimen de turno –de quien dependen, por sencillísima deducción- mientras pasa por alto a delincuentes amigos del oficialismo. Comenzando por Odebrecht, las constructoras mafiosas, o sujetos como José Graña, y mantiene lejano a Alejandro Toledo, conocedor de muchísimos secretos que traerían abajo a esta camorra políticamente correcta que se ha apropiado del país.
