Nueva humillación al Perú

Nuestra diplomacia hace tiempo que no está —ni sigue estándolo ahora— a la altura de las circunstancias. El actual embajador del Perú en Suiza debiera darnos explicaciones del por qué las autoridades de ese país han desestimado una solicitud oficial del Estado peruano, en el marco del juicio oral contra Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, llegando al extremo de la descalificación de la diplomacia suiza (o del gobierno de ese país) al haber descalificado como “auténtico golpe de Estado” el delito —penado por nuestras leyes— que perpetró un sujeto apellidado Castillo Terrones, como lo clasificó tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial del Perú. Suiza argumenta que solo se trata de “hechos políticos atribuidos al expresidente de ese país que, al amparo del artículo 3 de su Ley sobre asistencia judicial penal internacional, prohíbe cualquier colaboración en casos relacionados con delitos políticos.” Este pronunciamiento impide a las autoridades peruanas conocer la fecha exacta del ingreso del citado agente policial peruano a ese país, y cuál es su actual condición migratoria (asilado o refugiado).
Según la noticia publicada por EXPRESO, el nombre del presunto cómplice de Castillo Terrones es Infanzón Gómez, fugitivo de la justicia y declarado reo contumaz, quien no asistió al inicio del juicio oral el pasado 3 de marzo. Según la defensa, Gómez se encontraba en Suiza, pero dijo desconocer su ubicación.
La Fiscalía del Perú atribuye a Infanzón Gómez ejecutar órdenes que facilitaron el golpe de Estado de Castillo. Según la acusación, el agente recibió instrucciones del entonces jefe de la VII Región Policial Lima, general Manuel Lozada, para bloquear cualquier ingreso al recinto del Congreso del Perú minutos después del mensaje televisado del exmandatario.
“Concluido el mensaje a la nación del golpista Castillo, la orden era que nadie (…) políticos, congresistas ni civiles ingrese al Palacio Legislativo”, declaró días después de la quiebra constitucional Infanzón ante el Ministerio Público, inculpando además al comandante Justo Jesús Venero como parte de la cadena de mando a la que él respondía.
Por estos hechos, nuestro Ministerio Público solicitó para Infanzón la pena de 25 años de prisión, dos años de inhabilitación para ejercer funciones públicas y reparación civil solidaria de 65 millones de soles.
¿Con qué derecho Suiza pretende que los ciudadanos peruanos se rijan por las normas de ese país, cuando los peruanos están sujetos a la Constitución y a los códigos Civil y Penal del PERÚ? ¡¿Se imagina usted, amable lector, el escándalo mundial que habría levantado el gobierno suizo si Perú se negara a acceder a algún petitorio del Ministerio Público suizo para entregarle a un delincuente que, según las leyes suizas, perpetró tal o cual crimen que los códigos de nuestra nación consideran peccata minuta?!
Este nuevo, bochornoso episodio afea nuestra imagen en el exterior. La Cancillería está obligada a solventarlo al más breve plazo, obligando a que Suiza reconozca nuestras leyes y las prácticas judiciales de nuestro sistema jurídico. ¡El canciller Schialer tiene la palabra!

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