Nueva modalidad de corrupción

¿No aprendemos por incapaces o, simplemente, por desidia preferimos no entender que la corrupción es el peor enemigo de cualquier sociedad? Resulta incomprensible que una colectividad como la nuestra, carcomida por la deshonestidad y el soborno, permita que esta calamidad permanezca tan activa, corroyendo al Estado desde sus entrañas. Algo hay en nuestro ADN que aún permanece confabulando contra la erradicación de una podredumbre que no se detiene ante nada ni nadie. Algo, quizá, relativo a alguna genética muy pervertida, que impulsa a la sociedad peruana a continuar con su fermentación o prostitución como una manera de vida, en lugar de combatirla y enmendar rumbos para evitar que acabemos convirtiéndonos en una comunidad descompuesta, inservible y repelida por el resto del mundo. ¡Como les sucede a tantos países corrompidos que existen en este planeta!
El Estado peruano pareciera no haber aprendido ni la primera letra del abecedario de la corrupción. Esto, a pesar del descomunal escándalo internacional que lo califica como uno de los países más afectados por el caso conocido como Lava Jato. Cinco presidentes denunciados y procesados -incluso uno de ellos condenado a veinte años de carcelería- aparentemente no son prueba suficiente para que la mayoría de los peruanos -particularmente aquellos de la clase política- entiendan que su país está en cuidados intensivos. Porque, como informó ayer EXPRESO, hoy la corruptela alrededor del Estado no solo la promueven peruanos, sino también venezolanos.
En efecto, una empresa venezolana llamada Inversiones DIMICA C.A. ha ganado la buena pro para diversas obras públicas en el Perú ¡con documentos adulterados!, gracias a “la sospechosa inacción del gobernador regional -y los gerentes respectivos- de Lambayeque”. Para ello, la mafia venezolana habría organizado una sofisticada red de sicariato usando la modalidad de extorsionar a burócratas encargados de las compras de nuestro Estado. Lo novedoso es que esta modalidad opera basada en falsos contratos para construir hospitales, escuelas, redes de saneamiento, redes viales, etc. Según información recogida por EXPRESO del Programa de Inversiones en Salud (PRONIS), en lo que va del año la empresa DIMICA C.A. ha presentado a PRONIS -y a dos gobiernos regionales- “un mismo contrato y un acta con el mismo número de apostilla, cuyo contenido difiere únicamente en la forma, la distribución y las firmas que figuran en los documentos presentados en varias licitaciones”. Estos casos han ocurrido en los gobiernos regionales de Junín y Lambayeque; uno para construir el instituto educativo IEI N-30367 Andrés Avelino Cáceres y el otro para erigir el Hospital de Ferreñafe. Este último, pese a que el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, sabía de la adulteración y duplicidad documentaria. Tanto es así que DIMICA C.A. cuenta con la buena pro y con obras en ejecución amparadas por contratos falsificados, habiendo sorprendido a entidades estatales para apropiarse de recursos de nuestro Estado.
Afortunadamente, intervino José Valega, coordinador general de PRONIS, quien, apenas se enteró del hecho, tomó medidas legales contra DIMICA C.A. ¡Pero ambos gobernadores regionales cayeron en flagrantes actos de corrupción! ¿Hasta cuándo los peruanos seguiremos siendo los corruptos del barrio?

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