Nuevas tendencias en la tributación internacional

Después de las profundas reformas impositivas realizadas por Alberto Fujimori en los 90, la política tributaria en nuestro país solo se ha utilizado como un medio para generar ingresos que permitan solventar los crecientes gastos del gobierno. Aun cuando se han logrado avances en el aumento de la recaudación tributaria, todavía estamos muy rezagados respecto a otros países con niveles similares de desarrollo. Mientras que los países desarrollados recaudan más del 25% del PBI, nosotros apenas superamos el 16% (ver Gráfico 1).

El Perú no ha aprovechado el potencial de la política tributaria para contribuir al desarrollo económico. El caso del Canon es un ejemplo palpable de la ineficiencia de la política fiscal. La política tributaria debería ir más allá del simple objetivo de recaudar más. La debilidad de la estructura del impuesto a la renta se manifiesta en que, mientras en los países desarrollados el impuesto a las personas es el más importante, superando el 10% del PBI, en nuestro país es ínfimo; desde los años 90 no ha logrado superar el 2% del PBI (ver Gráfico 2).

Con esta estructura se ha desperdiciado la oportunidad de atacar la grave desigualdad de ingresos del país. Por su parte, el abuso de las exoneraciones y gastos tributarios del IGV beneficia más a los estratos más pudientes, contribuyendo a la regresividad del sistema tributario.

La política tributaria debe hacer algo más que proporcionar mayores ingresos. Debería concebirse como un instrumento poderoso para estimular el desarrollo, generar empleo, reducir la informalidad y mejorar la distribución del ingreso.

La Sunat, en los últimos 15 años, ha transformado sus sistemas de recaudación con avances tecnológicos como las declaraciones electrónicas en línea y el uso generalizado de la facturación electrónica para aumentar su eficiencia y combatir la evasión. A pesar de estos esfuerzos, los resultados no son satisfactorios, especialmente en el combate a la informalidad.

Sin embargo, la tecnología “Blockchain” ha dado lugar a una revolución tecnológica que ha permitido el gran crecimiento de monedas digitales tipo Bitcoin, que amenazan con sustituir las monedas y billetes tradicionales y obligan a un replanteamiento de la política tributaria y de su administración.

Desafíos en sus modelos

Las instituciones financieras tradicionales, especialmente los bancos comerciales, enfrentan desafíos en sus modelos de negocios, a medida que las nuevas tecnologías dan lugar a bancos en línea que pueden llegar a más clientes y a plataformas basadas en la web, capaces de conectar directamente a ahorristas y prestamistas. Estas nuevas instituciones y plataformas están intensificando la competencia, promoviendo la innovación y reduciendo costos. Los ahorristas están obteniendo acceso a una gama más amplia de productos de ahorro, crédito y seguros, mientras que los pequeños empresarios pueden obtener financiamiento de fuentes distintas de los bancos, que tienden a tener estrictos requisitos de suscripción de préstamos y garantías.

Inicialmente, la aparición de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum parecía probable que revolucionase el sistema de pagos, debido a que no dependen del dinero del banco central ni de intermediarios de confianza, como bancos comerciales y compañías de tarjetas de crédito, para realizar transacciones. Sin embargo, sus precios volátiles y las limitaciones en los volúmenes de transacciones y los tiempos de procesamiento han hecho que las criptomonedas sean ineficaces como medios de intercambio.

Como respuesta, vienen ganando popularidad nuevas criptomonedas llamadas “stablecoins”, cuya estabilidad se logra, en la mayoría de los casos, al estar respaldadas por depósitos de dinero del banco central y valores gubernamentales. Los bancos centrales están preocupados por los posibles efectos sobre la estabilidad financiera y económica de sus países, si los sistemas de pago descentralizados tipo Bitcoin o las stablecoins privadas desplazaran tanto al efectivo como a los sistemas de pago tradicionales gestionados por instituciones financieras reguladas.

Sus propias monedas

En respuesta a estas preocupaciones, los bancos centrales vienen introduciendo sus propias monedas digitales llamadas Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDC por sus siglas en inglés). Los motivos van desde la ampliación de la inclusión financiera (dando fácil acceso incluso a quienes no tienen una cuenta bancaria a un sistema de pago digital gratuito) hasta el aumento de la eficiencia y la estabilidad de los sistemas de pago, mediante la creación de una opción de pago público como respaldo, que sustituya el rol que ahora desempeña el efectivo.

Las CBDC tienen otros beneficios potenciales. Por ejemplo, pueden obstaculizar actividades ilegales como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que dependen de transacciones anónimas en efectivo. Además, contribuyen a reducir la informalidad, lo que dificultaría la evasión de impuestos.

El nivel de interés mundial en las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) no tiene precedentes. Según la encuesta del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) de 2022, el 93% de los bancos centrales están explorando las CBDC, y el 58% considera que es probable que emitan una CBDC minorista a corto o medio plazo. De hecho, la emisión minorista de CBDC se está explorando en más de 100 países. Varios bancos centrales, incluyendo el BCRP, ya han lanzado proyectos piloto o incluso han emitido una CBDC.

Dependen del efectivo

La mayoría de los hogares excluidos financieramente dependen del efectivo para los pagos, lo que los margina de la economía formal. Los pagos constituyen la base de los servicios financieros, abarcando depósitos, retiros, líneas de crédito para sobregiros y reembolsos, que se están digitalizando cada vez más.

Un obstáculo importante para una implementación generalizada de una CBDC es que los excluidos financieramente también suelen estar excluidos digitalmente. El uso de CBDC requiere conocimientos digitales básicos y un medio de acceso (un teléfono celular). Deben explorarse iniciativas para mejorar la infraestructura digital y la conectividad, especialmente en zonas remotas, e iniciativas para mejorar la alfabetización digital en apoyo de las CBDC. Los sistemas de identificación digital pueden agilizar el proceso de incorporación de CBDC.

La tecnología Blockchain ofrece, además, la posibilidad de implementar contratos inteligentes (“smart contracts”) que pueden facilitar y hacer más efectiva la administración tributaria. Los contratos inteligentes automatizan los procesos, reduciendo el esfuerzo manual y agilizando las tareas relacionadas con los impuestos. Permiten la verificación y ejecución en tiempo real de las transacciones fiscales, mejorando la eficiencia. En resumen, los contratos inteligentes mejoran la administración tributaria al promover la eficiencia, la transparencia y la precisión, y la reducción de la informalidad. Contribuyen a un ecosistema tributario más eficaz y fiable, pero sobre todo abren la posibilidad de replantear la política tributaria.

Los contratos inteligentes pueden ser utilizados para recaudar el IGV en tiempo real, eliminando la necesidad de intermediarios y la factura electrónica. El sistema rastrearía todas las transacciones que desencadenan pagos de IGV, eliminando la utilización de la factura electrónica. ¿Cómo funciona? Cuando se produce una transacción (como una venta o una compra), el contrato inteligente calcula automáticamente el IGV adeudado. El importe del IGV se deduce de la transacción y se envía directamente a la cuenta del tesoro. Este proceso garantiza una recaudación oportuna y precisa del IGV sin intervención manual.

(El contenido de esta columna se puede consultar en www.prediceperu.com).

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