Nunca más blindajes a agresores de mujeres

Patético y vergonzoso, el pretendido chalequeo del Congreso de la República al hasta hace unas horas parlamentario Freddy Díaz Monago, quien afronta un pedido de prisión preventiva de nueve meses por la investigación que el Ministerio Público le sigue, por el delito de violación sexual en agravio de una trabajadora de su otrora despacho, no alcanzándose inicialmente los votos necesarios, por cuestionable abstención de veintiún congresistas y dos en contra, para inhabilitarlo por diez años del ejercicio de toda función pública, sanción propuesta al Pleno luego de un debido proceso en las comisiones correspondientes del Legislativo y que al no ser aprobada debía enviarse al archivo. Estos hechos en la práctica representaban un vil encubrimiento a un funcionario público acusado por su víctima, su propia dependiente, de ser agredida sexualmente estando ella en estado de inconciencia o indefensión en su centro de labores y ser dejada encerrada al interior de éste, a pesar de los reclamos de un amigo en el mismo acto de privación de la libertad de la agredida, hechas a viva voz a Díaz, a su seguridad y la del recinto, lo que quedó registrado en un video. Los argumentos de defensa del sindicado por violación fueron tanto o más miserables que el acto punible en sí y no los citaremos por respeto a la agraviada, pero sí es de cuestionar haberle concedido al sujeto pasar a sesión reservada para que se despache contra la víctima, “El mundo al revés”.

Los congresistas que se abstuvieron y los que votaron en contra en el Pleno del 10 de enero y aun los que en nueva votación ante un pedido de reconsideración hicieron las veces de abogados oficiosos de Freddy Díaz, parecían zurrarse en que la Fiscalía está avanzada en las investigaciones y ya pasó a Etapa Preparatoria (antesala al juicio oral) y de la Política Nacional de Igualdad de Género, vigente, cuyo uno de sus objetivos prioritarios es REDUCIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES y que ellos como altos funcionarios están obligados a cumplir y velar por su cumplimiento, todo lo que enardeció en tiempo real a la opinión pública que seguía atenta el debate ante este mal llamado espíritu de cuerpo que conllevaba permitirle al legislador volver a su curul una vez acabada su suspensión por sanción ética. Felizmente la presión ciudadana, porque fue ésta que lo logró, no nos engañemos, ya que el Parlamento pasa por una de sus peores épocas de desaprobación, oyéndose en calles y plazas el estribillo de “Cierren el Congreso”, les obligó a retroceder en su rochoso blindaje y finalmente aprobaron la inhabilitación de Díaz y en consecuencia su desafuero. Ahora la pelota está en cancha del Poder Judicial; si hay justicia en el Perú no menos de 26 años de cárcel le esperarían a este sujeto. ¡Solidaridad con la víctima!