Octavo mandamiento: No mentirás
Esquilo, célebre dramaturgo griego, hace 2,400 años afirmó que “la verdad es la primera víctima de la guerra”, frase que recogemos para referirnos a sucesivos -y premeditados - engaños del gobierno para ocultar o maquillar cifras de la pandemia, enemigo letal e invisible que provoca miles de muertos, pobreza, desempleo y angustia en nuestros hogares.
El gobierno, sin embargo, durante meses no dijo la verdad sobre el número de fallecidos, a pesar de contar con estadística del Sistema Nacional de Defunciones y otros indicadores importantes, entre ellos reportes del Grupo Cárcamo, asesores del Ministerio de Salud, que proyectaron el número de muertos en 40 mil, cifra distante de los 13,579 que en esa época consignaba el Poder Ejecutivo.
Solo cuando medios del prestigio internacional del Financial Times, Washington Post y New York Times advirtieron un subregistro de 149%, comenzó a abrirse paso la verdad. Sin embargo, se esperó el relevo del premier Zevallos y del ministro Zamora para que el Gobierno agregue a su lista otros 3,688 muertos, aumentando los decesos a 17,455.
La pregunta es ¿quiénes son los responsables políticos y burocráticos de este ocultamiento? ¿El presidente Vizcarra conocía la verdad? ¿Por qué no abordó el tema en sus constantes exposiciones publicas? ¿Las nuevas cantidades de fallecidos es la real o, como señalan especialistas, la pandemia ha costado la vida a 40 o 50 mil compatriotas hasta el mes de julio?
La transparencia en la información está contemplada en la Ley No 27806 y cumplir sus preceptos constituye una responsabilidad moral, politica y legal del gobierno para que la población, temerosa y aturdida, conozca que está sucediendo.
Hay preguntas que las autoridades deberán responder, entre ellas por qué la PCM no aceptó durante dos meses 20 mil litros de oxígeno semanales donados por una empresa minera para Arequipa, que hubiera evitado muchas muertes y desgarradoras escenas de pobladores desesperados suplicando ese servicio.
A lo dicho, también necesitamos conocer cuántas camas UCI, ventiladores y pruebas rápidas disponemos, y saber por qué hasta hoy no ha ingresado un solo paciente a las clínicas privadas, a más de un mes de anunciado el convenio, previa amenaza presidencial de expropiación.
Estas dudas se presentan en momentos que la perspectiva económica del país es alarmante. Una nota del BCR sostiene que la pobreza pasará de 20.2% a 27.4 % ; es decir de 6 millones 400 mil a 8 millones 800 mil y que, según CEPAL, órgano de Naciones Unidas, la caída del PBI será 13%, la mas alta del hemisferio, solo superada por Venezuela, que alcanzará 26%. Y, desde luego, no menos preocupante es que el desempleo haya escalado a dos millones 600 mil personas.
En este panorama, la única forma de atenuar la crisis, de evitar un colapso económico, acompañado de violencia y desbordes sociales, que debemos evitar a cualquier precio, es forjando una política de unidad nacional, comenzando porque el Gobierno escuche todas las opiniones y no manipule las cifras con la mirada puesta en las adictivas encuestas.
