Octubre 2025, la batalla por la impunidad
Como la historia nos enseña, hay dos tipos de gobernantes: los que solo tratan de administrar las crisis y aquellos que cambian el curso de los acontecimientos, generando verdaderos fenómenos políticos, para bien o para mal. Un ejemplo actual es Giorgia Meloni, quien rompió el infame “cordón sanitario” impuesto por Ursula von der Leyen para unir a todas las derechas, dando estabilidad gubernamental a Italia. Lo opuesto se puede observar en el Perú, donde nadie ha sido capaz aún de pasar la oprobiosa página de corrupción institucionalizada a cargo de las constructoras brasileñas. Desde el estallido del escándalo en 2016, hemos tenido seis presidentes cuya principal preocupación ha sido sobrevivir la semana. Las fuerzas ya no tan ocultas, defensoras a sueldo de los corruptores y apoderados a dedicación exclusiva de los corrompidos, tratan de mantener sus trincheras de poder en los distintos frentes de la batalla que libran por la impunidad.
Uno de esos frentes, quizás el más importante, es el Ministerio Público, escenario de duros combates que lo han convertido en un bastión en ruinas, pero esencial por su capacidad de promover famosas investigaciones que desprestigian, sin remedio, a cualquiera que se oponga a la agenda de impunidad de los poderosos aliados de la empresa bahiana; así como el manejo de la acción penal, de la “colaboración eficaz”, de las prisiones preventivas, de los mediáticos allanamientos, etc. Solo en ese contexto se entiende la tozudez de Delia Espinoza, la red de protección a Patricia Benavides, el blindaje a Rafael Vela y José Domingo Pérez, y el cuidadoso andar de Tomás Gálvez. En ese escenario, la próxima sentencia del TC no podrá evitar afirmar que no es lavado de activos recibir aportes de campaña —los que ni siquiera eran delito por entonces—; será solo un escenario secundario. La clave de la batalla de 2026 se libra en el caso “Chalinas Verdes”, como bien lo sabía José Miguel Castro, alias “Budián”, convenientemente suicidado con un enorme y profundo tajo en el cuello.
Si Susana Villarán es condenada por los 11 millones de dólares supuestamente recibidos por concepto de coimas y aportes, se fortalecerá la posición del Perú en los arbitrajes internacionales por los abusivos peajes, complicando la vida a aquellos que participaron directamente en las adendas del contrato original. No es casual, entonces, que el fiscal Pérez haya desestimado el testimonio del expresidente de OAS, Leo Pinheiro, quien, a pesar de ser ya colaborador de la justicia en Brasil, no logró el interés del fiscal a cargo del caso, pues parece que este apuntará su artillería de artificio a la tesis de “aportes de campaña”, con el predecible resultado. Por eso la necesidad de evitar que Tomás Gálvez lo reemplace con uno de los juristas expertos del Ministerio Público, pues, al replantearse la estrategia fiscal, podría lograr una sentencia condenatoria.
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