Odebrecht y Brookfield, cuando la resignación no es un método

El alcalde de Lima ha roto paradigmas con su tenacidad para enfrentar a la corrupción. Su determinación es clave, sabiendo que los intereses opuestos pueden barrerte con agravios, noticias falsas, insultos o medias verdades, inclusive atentar contra tu vida.
Los peajes de Rutas de Lima (RDL) “son hijos de la corrupción”, dijo, y es evidente que el crimen transnacional disfrazado de empresas vino a saquear a millones de peruanos con autoridades cómplices en el camino.
Rafael López Aliaga fue audaz al apelar a tribunales estadounidenses, donde la corrupción empresarial, incluyendo el sistema financiero que la avala, es imperdonable. Seamos claros: el caso Lava Jato lo conocimos en Perú gracias a las alarmas del sistema financiero de EE. UU.; caso contrario, como en tantas ocasiones, el crimen de políticos, presidentes, alcaldesas, etc., habría sido perfecto, como en muchos casos en el Perú.
El pasado 2 de octubre, el procurador del Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. anunció la revisión del acuerdo de lenidad (tolerancia o indulgencia) firmado en 2016 con Odebrecht, cuestionando omisiones en las declaraciones de la brasileña y la ausencia de reparaciones a las víctimas en países afectados, incluyendo al Perú. La revisión conduciría a revocar el acuerdo y reabrir delaciones ocultas en el caso de RDL, uno de los casos omitidos por Odebrecht.
El 29 de septiembre, Rutas de Lima —subsidiaria de Brookfield, dueña del 57 % de las acciones de los peajes— huyó hacia adelante al anunciar su disolución en una extraña maniobra donde, además, anuncia que seguirán operando y, por cierto, se queja de la MML, del Poder Judicial, del TC, etc., como si estas instituciones estuviesen coludidas contra ellos y no defendiendo los intereses de millones de peruanos afectados al norte y sur de Lima. No admiten haber adquirido ese 57 % de manera subrepticia a Odebrecht, sabiendo de los actos de corrupción de esta empresa con Susana Villarán y cuando su principal accionista, Marcelo, purgaba cárcel en Brasil.
En el mundo del hampa, a quienes actúan bajo esa modalidad se les conoce como reducidores. Brookfield hizo el rol de reducidor con RDL al comprar peajes “truchos”, con Villarán coimeada para favorecerles.
En segunda instancia, el Poder Judicial debe pronunciarse sobre un hábeas corpus declarado fundado y apelado en primera instancia. El TC decidió a favor de la población privada de su libertad de tránsito en Lima norte; con Lima sur debe suceder lo mismo. A igual responsabilidad, igual derecho.
La extorsión es un crimen letal por estos días en Perú. También hay extorsionadores de cuello y corbata que diariamente drenan dinero familiar en los peajes que Susana Villarán entregó a Odebrecht, empeñando a los peruanos más pobres. Nada más infame ni traicionero.
La prisión perpetua para este tipo de funcionarios no debe admitir dudas si queremos reencausar al Perú y sacarlo de esta vorágine que pretende devorarse el futuro.
Pero ni la esperanza ni la resignación son métodos; hay que tomar decisiones drásticas, “comprarse el pleito” y jugar un ajedrez inteligente y ofensivo para enderezar este barco llamado Perú, que navega a la deriva entre tiburones y caimanes.
Estamos en un punto de inflexión donde el barco puede irse a pique o, como en Singapur, con mano firme se corrija el rumbo pensando en las generaciones venideras. ¿Qué Perú les vamos a dejar?

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