OEA, sospechosas omisiones
El informe de la OEA sobre los actos de violencia ocurridos del 7 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023 ha dado lugar a un amplio y sonoro debate público.
La primera observación al dictamen es que los comisionados no registraron, como base del análisis, que esos cruentos sucesos tuvieron su origen en los diecisiete meses de gobierno de Pedro Castillo, largo tiempo en que se estimuló la violencia, el enfrentamiento de peruanos, la división entre ricos y pobres, costeños y serranos, blancos e indígenas.
Durante diecinueve consejos de ministros descentralizados y en las reuniones en Palacio, ruidosas portátiles oficialistas calificaron a la prensa de “basura, mercenaria”. La fiscal de la Nación fue tachada de “funcionaria vinculada al narcotráfico” y acusada de cambiar a una fiscal a cargo del caso de “los cuellos blancos” para proteger a su hermana.
Al mismo tiempo, barras bravas exigían cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente, procedimiento no contemplado en la carta fundamental. Fueron gritos cargados de odio, amenazas, agravios, que recibían el complaciente aplauso del exmandatario golpista.
En esos tiempos aciagos el ex premier Aníbal Torres anunció que correrían “ríos de sangre” si vacaban a Castillo, ofendió a la prensa opositora y, cuando solicitaban retractarse, respondía altanero que no pediría “perdón a vulgares delincuentes”. Con especial énfasis se ensañó con la doctora Benavides por iniciar cinco investigaciones al primer mandatario sindicado de liderar una organización criminal.
En ese sórdido contexto, resultó inolvidable su perversa referencia a la conductora del programa Cuarto Poder, señora Sol Carreño, de quien dijo: “Es mala madre... Es mala esposa... Es mala hija... Si tiene hijos, solo está deformándolos.
Los cría con complejos de superioridad”.
No menos ofensivo fue al descalificar al Tribunal Constitucional por restituir el indulto concedido por Kuczynski a favor de Alberto Fujimori, sosteniendo que “hay presos que mueren en prisión... los presos deben cumplir su sentencia, y en el caso de Fujimori, él tuvo una cárcel dorada”, preguntando: “¿Cuántas veces viajó al extranjero con maletas [de dinero] llenas en el avión?”. Luego sostuvo que el TC ha dado “a conocer que garantiza la impunidad de delincuentes con cierto poder”.
En esa línea de agresividad, tachó de “miserable” al cardenal Barreto y acusó al Poder Judicial de pretender vacar al profesor chotano.
Por su parte, ministros, prefectos y subprefectos, algunos vinculados al Movadef –brazo legal de Sendero Luminoso– replicaban esos pérfidos comentarios, esparciendo un mensaje de odio y confrontación en todo el territorio nacional.
Pero estos antecedentes, que prologaron la violencia que paralizó el país más de cincuenta días, fueron sospechosamente soslayados en el informe de la OEA. Esos hechos no existieron, pero sí “ejecuciones extrajudiciales y masacres” de las fuerzas del orden, apreciación que implica concertar el asesinato de indígenas, lo cual no sucedió.
Los comisionados tampoco dijeron que las protestas estaban prohibidas por ley porque se había decretado estado de emergencia y, a pesar de ello, las turbas bloquearon carreteras, incendiaron sedes del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Policía Nacional, asaltaron aeropuertos, quemaron vivo a un efectivo policial y provocaron la muerte por ahogamiento de seis jóvenes soldados. Cometer esos crímenes, ¿no fue terrorismo?
Además, sostuvieron el disparate de afirmar que el modelo “extractivista” no benefició a los pueblos originarios, olvidando que, en gran medida gracias a la minería, la pobreza se redujo de 58.7 % a 20.2 % y que en 20 años las regalías dejaron 66 mil millones de soles al fisco y 28 mil millones a la región sur, donde sucedieron las asonadas.
Incompleto, errado e ideologizado el dictamen de la OEA tuvo, sin embargo, el acierto de reconocer que Castillo intentó un golpe de Estado y que la señora Boluarte es la mandataria legítima por sucesión constitucional, a contrapelo de patrañas que difunden los presidentes de Colombia y México, Gustavo Petro y López Obrador.
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