¡Ojo con la CIDH, presidenta Boluarte!
El viernes, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) elegirá a tres nuevos jueces para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Elección fundamental para nuestro país, tan vapuleado por la CIDH desde que se incrustara en su cúpula Diego García Sayán, defensor de terroristas y odiador de todo aquello que no sea progresía, socialismo, comunismo o, simplemente, izquierdas. La Corte está compuesta por siete jueces electos, a título personal, por los representantes de los estados americanos. El gobierno debe movilizar a su diplomacia para favorecer al distinguido abogado Borea Odría, candidato de polendas para dicho cargo.
Teóricamente, los postores deben ser apolíticos. Pero clásicamente los usos han sido incluir a izquierdistas.
Esta elección definirá el rumbo de la Corte para los próximos años, y debería exigirles a los estados panamericanos velar por una justicia independiente, fundada en la presunción de inocencia y divorciada de sesgos ideológicos.
Hasta hoy, los tres jueces escogidos para integrar la CIDH —desde enero de 2025 hasta diciembre de 2030— son: Alberto Borea (Perú, seleccionado con 15 votos), Diego Moreno (Paraguay, con 16 votos) y Ricardo Pérez Manrique (Uruguay, con 11 votos), pertenecientes a tres de los únicos seis países sudamericanos cuyos gobernantes no son comunistas.
La CIDH observa con hostilidad al Perú en temas de derechos humanos. Particularmente en materia de protestas sociales, colocándonos como modelo criminal y sancionándonos con contumacia y exquisita tenacidad. Al punto que, durante décadas, nuestros policías y militares sobreviven enjuiciados, cuando no condenados a muerte por la contundencia de las penas que recibieron al momento de ser sentenciados. ¡Recelo que la CIDH no guarda con los demás países integrantes! Desde hace un cuarto de siglo, la CIDH lleva un inhumano trato contra nuestros policías y militares, mientras protege a los terroristas que diezmaron salvajemente a menores y ancianos, haciendo añicos sus hogares; dinamitando calles y plazas, volando torres eléctricas, mientras obligaba a nuestro país a pagarles millonarias reparaciones en dólares a los terroristas, culpables de haber aniquilado a cerca de 40,000 inocentes ciudadanos, a cuyos parientes la CIDH jamás dispuso que esos miserables les reparen económicamente el dolor por haber perdido a sus familiares y quedar permanentemente desamparados.
En simultáneo, la CIDH ha ordenado a nuestro país prohibir que la Policía y Fuerzas Armadas usen armas, y más bien se les instruya en “mecanismos de diálogo intercultural”, velando por los terrucos que han asesinado a innumerables uniformados, y exigiendo que el Estado contrate —por cifras siderales— a ONG para que “instruyan” a nuestros soldados y policías, usando nuestro dinero para enriquecer a los amos de estos entes ideologizados.
La CIDH también exige que el Perú fortalezca la institucionalidad democrática, basada en especulaciones sobre polarización política y fragilidad institucional, demandando “respeto por la separación de poderes y garantizar la independencia judicial”. Cuando la CIDH es culpable del catastrófico estado en que se encuentran nuestro Poder Judicial y Ministerio Público, dominados por la mafia caviar que, precisamente, promueve la CIDH. Reiteramos: el gobierno necesita respaldar enérgicamente la candidatura del doctor Alberto Borea.
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