Ojo con la Comisión IDH
Aunque algo tarde, el Gobierno de Transición viene poniendo en su sitio a la camarilla de presidentes de la región que violan en agravio del Perú, con pertinacia y mendacidad, el principio universal de no injerencia en los asuntos internos. Entre ellos, sin duda, al peor de todos, el impresentable primer mandatario de México que avergonzaría por su gestión al gran Benito Juárez a quien fallidamente intenta emular y, a continuación, al colombiano Petro a quien el traje presidencial le queda grande y más bien todavía le ajusta el de facineroso guerrillero del M-19 del que nunca su librará.
Hace bien doña Dina, de la mano con Torre Tagle, en combatir la demagógica campaña de desinformación de la realidad nacional impulsada por estos y otros capitostes del llamado socialismo del siglo XXI, evitando –hasta donde sea posible- la suspensión o ruptura de las relaciones diplomáticas con estos países hermanos desgraciadamente dirigidos por semejantes mandatarios.
Por fortuna, EE.UU. –el más importante del hemisferio-, ha ratificado la posición oficial de respaldo a la sucesión constitucional producida y de apoyo al proceso democrático que soberanamente decidan los peruanos, sin perjuicio de exhortar –como no puede ser de otro modo- que en este difícil camino se garantice debidamente el respeto de los Derechos Humanos. Bien hasta aquí.
Empero, en el mismo frente externo, resulta indispensable que el Estado se mantenga alerta y precavido ante la movida de la izquierda antidemocrática a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. En esta “tremenda” Comisión de la OEA ya se ha presentado una peregrina petición solicitando la restitución palaciega del golpista y corrupto Castillo e, incluso, se intentará que se dicten medidas cautelares en su beneficio.
Los mentores de este desaguisado están encabezados por un prejuiciado exjuez de la Corte IDH acompañado por un puñado de letrados del mismo color progre caseritos del polémico sistema jurisdiccional interamericano y contrarios a la causa democrática del Perú.
Dicen que guerra avisada no mata gente, pero si el Ejecutivo no toma en serio la defensa del interés nacional contra este despropósito leguleyo en la Comisión o la Corte de marras, integradas en demasía por esta clase de personajillos, lo peor podría pasar y no habrá excusa que salve a los responsables. Mucho OJO. ¡AMÉN!
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