Ojo con los gobiernos regionales
El Perú sigue siendo centralista y dando la espalda a las regiones, es por esa razón que poco o nada interesa lo que sucede en ellas, a no ser que produzcan conflictos o escándalos superlativos. Pero los gobernadores están dando muestra de su ineficiencia en el uso del Presupuesto, de conductas corruptas y de apoyo solapado a la violencia.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la contratación de servicios de los gobiernos regionales para el mantenimiento de obras de infraestructura: carreteras, caminos y puentes, ha caído en el orden del 80 %. Lo que quiere decir que los 25 gobernadores, solo han empleado el 20 % de su presupuesto para este fin y ya pasamos la mitad del año.
Las consecuencias de esta ineficiencia son varias: una de ellas es que, a falta de mantenimiento adecuado, las obras se deterioran rápidamente y en el futuro se requerirá mucho más presupuesto para una nueva construcción; otra consecuencia es la escasez de contratos del Estado para las empresas y, por ende, la disminución o precarización de los puestos de trabajo.
Asimismo, un último informe de la Contraloría que ha pasado un tanto desapercibido, asegura que 140 proyectos destinados a la “Reconstrucción con Cambios” han sido paralizados o abandonados y del total del presupuesto para invertir en estas obras, solo se ha ejecutado el 12 %. Siendo la región Piura la más afectada (28), seguida de La Libertad (28), Lambayeque (19) y Cajamarca (18).
Lo cual, en la práctica, significa que los S/ 25,655 destinados para este año a la reconstrucción del Norte, está guardado en las arcas del Banco de la Nación; mientras innumerables familias todavía viven en módulos improvisados: sin luz, ni agua ni desagüe; muchas de ellas, sobre el arenal del desierto, a expensas de los delincuentes, y sufriendo el intenso calor del día y los vientos de las noches y madrugadas.
Por otra parte, el gobernador de Huancayo ha sido encarcelado y no es el primero. Además, hay gobernadores que están apoyando directa o indirectamente las protestas antimineras, entre ellas las de Arequipa, Moquegua y Puno, que han generado pérdidas, solo en exportaciones, de 100 millones de dólares por el bloqueo del puerto de Matarani; y se calcula que este año caerá el 30 % de la exploración minera legal, respecto al año pasado, lo cual significa que los ingresos por impuestos para el Perú también bajarán en la misma proporción.
El aumento de conflictos sociales -al que ya nos referimos el domingo pasado, siguiendo un informe de la Defensoría del Pueblo- es lo que realmente obstaculiza la gobernabilidad; pero en Lima se cree que solo el diálogo entre el Legislativo con el Ejecutivo acabará con los problemas del país.
Aplaudimos que el Presidente de la República, Martín Vizcarra, haya aceptado la mano tendida del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, para dialogar; ojalá que en esa conversación no quiera hablar solo del “adelanto de elecciones” o vuelva a pechar al Congreso. No se puede olvidar que los gobiernos regionales son quienes, como parte del Ejecutivo, deben gestionar los presupuestos que se les transfiere, ayudar y no atizar el fuego de los conflictos sociales, y exhibir conductas éticas. Solo así el Perú va a retomar el rumbo de las últimas décadas.
