Ojo por ojo, diente por diente
La pena de muerte es un tema controversial en el que los peruanos no logramos ponernos de acuerdo para restituirla y aplicarla a delitos que se cometen con salvajismo y son cada vez más “comunes”.
La violación de niños y mujeres, los feminicidios, homicidios, el sicariato y la extorsión son noticia todos los días. Nuestro sistema de justicia, por interés o temor, no está funcionando. Santifican la criminalidad, absolviendo, sin penitencia ni castigo, a avezados criminales quienes, capturados en flagrancia, quedan libres, “circulando” y matando con la benevolencia de la justicia. Algunas leyes promueven la impunidad, beneficiando a mafias organizadas que operan con “licencia para matar”, cobrando cupos que afectan la economía de pequeños emprendedores, quienes viven amenazados y optan por pagar para poder operar sus negocios y no perder la vida. Desde hace un buen tiempo, la vida de un ciudadano afectado vale menos que la de un criminal.
Si nos remontamos al pasado, hace cuarenta siglos se ejercía justicia con la llamada “ley del talión”, un principio jurídico que trataba de encontrar equivalencia, reciprocidad y proporcionalidad entre la infracción y la sanción. Esto significaba que cuando una persona causaba a otra un daño, recibía como sanción exactamente el mismo daño ocasionado.
El “ojo por ojo, diente por diente” funcionó y puso orden para evitar que los afectados, buscando venganza, hicieran justicia con sus propias manos.
Nos preguntamos: ¿podemos seguir aplicando las mismas leyes y sanciones vigentes a criminales sin escrúpulos que violan y matan a indefensos niños y mujeres, incluso descuartizando salvajemente a sus víctimas? Ante esta situación, ameritaría evaluar opciones para restituir la pena de muerte, que antes se aplicaba también a otros delitos y que, por acuerdos internacionales, fue eliminada en la Constitución de 1979.
Para restituir la pena de muerte y frenar este avance de la criminalidad, debería convocarse a un referéndum junto a las elecciones generales del 2026 para que sea el pueblo quien lo decida, definiendo previamente a qué delitos aplicarla. De aprobarse, renunciaríamos de inmediato al Pacto de San José, porque la OEA, sus convenciones y cortes internacionales han fracasado. Sus líderes, totalmente politizados, simpatizan con dictadores de países que no respetan los derechos humanos y solo se les escucha cuando defienden la vida de terroristas criminales y se mantienen en cómplice silencio frente al aborto, que asesina a millones de inocentes.
Hasta ahora, el debate sobre la pena de muerte ha sido utilizado con frecuencia como cortina de humo para distraer la atención frente a denuncias por corrupción. Ya es hora de asumir una posición radical, restituyendo la pena de muerte en nuestro país. No podemos seguir peleando con “espada de madera” enfrentando criminales. Hemos perdido el control y debemos recuperarlo.
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