Oportunidad dorada para el Poder Judicial
Precisamente en este momento el Poder Judicial está evaluando el convenio suscrito entre los fiscales Vela/Pérez y la corrompedora Odebrecht. El mencionado documento –un enjuague sin duda plagado de favoritismos muy minuciosos para la envilecida constructora brasileña, y de evidentes generalidades para el Estado peruano– fue trasladado a la Judicatura por la Fiscalía en medio de un operativo mediático rodeado de exhibicionismo, para presentar unos 600 tomos con cerca de 150,000 páginas que contienen transcripciones de los imputados brasileños, además de documentación proporcionada por la Fiscalía brasileña que, desde luego, incluye el pacto firmado por los mencionados fiscales peruanos. ¿El objeto? Ser leído, consensuado e interpretado por cuatro jueces –en procesos distintos– que tendrán a su cargo establecer la validez y/o nulidad del contrato. La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho será la primera magistrada en revisar el pacto, con el propósito de aplicarle el llamado “control de calidad en materia legal”. Un detalle muy importante a tener en cuenta es que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, considera que aunque los fiscales ya han firmado el contrato, éste está sujeto a ser modificado por los jueces. Ciertamente un contrato que, de manera obligatoria, fuerza al Estado, debe ser revisado. Y además este puede ser variado si el juzgador estima que existe algún agravio a nuestro país.
Sobre lo último, merece denunciarse la peligrosa actitud mostrada por gente vinculada a la Fiscalía de la Nación –operada ahora desde Palacio de Gobierno– al pretender que la revisión judicial del pacto sellado por los fiscales Vela/Pérez no implica controversia alguna. ¿Cómo que no? Entonces, ¿para qué se ha establecido esta comprobación? ¿Acaso para perder el tiempo? ¿Para distraer las labores de los jueces? ¡Por favor! La razón es evidente. Dos fiscales figurettis –y un procurador oscuro– no deben ni pueden estar facultados para conminar a que 30 millones de peruanos sufran las secuelas de sus malas diligencias. El Poder Judicial es la única autoridad que puede definirlo.
Otro aspecto censurable es que personajes como Gustavo Gorriti –cuya ONG IDL es hoy factótum en la Fiscalía, con amplias ramificaciones en amplios espacios del Poder Judicial, particularmente los juzgados anticorrupción– se permita amedrentar a quien personifica a la Judicatura –el juez José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial– advirtiéndole que “será responsable si algún juez altera el acuerdo” refrendado por los fiscales Vela/Pérez. Tamaña prepotencia linda en el delito de chantaje a la autoridad.
Asistimos entonces a un proceso plagado de misterio. Aunque el país conoce bien que este se trata de una negociación llevada a cabo entre tres representantes del Estado –un fiscal superior (ni siquiera uno supremo), un fiscal subalterno (ni siquiera superior) y un procurador junior–, nada menos que con la empresa corrompedora más experta en el arte de sacar provecho propio en cualquier evento en que ella participe. No existe pues asimetría entre estos tres apoderados del Perú frente a los capazotes de la mafia odebrechtiana que han intervenido en este contrato. El Poder Judicial tiene la palabra.
