¿Organización criminal?

En su programa de Willax TV, la periodista Milagros Leiva reprodujo el testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de la ilegalmente suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien sostuvo que algunos miembros del Ministerio Público en lugar de actuar como defensores de la legalidad, con eficiencia y profesionalismo, lo hicieron como grupo mafioso que destruía a quien les venía en gana y protegía a personajes corruptos como sucedió con Vizcarra en el caso Chinchero.

En esa declaración, figuran los nombres de Pablo Sánchez, Rafael Vela Barba, José Domingo Pérez y Zoraida Ávalos, a quienes la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe suspender de sus cargos e iniciar una urgente investigación por la gravedad de los delitos en que estarían involucrados, asociados al director de IDL, Gustavo Gorritti.

El escabroso testimonio de Villanueva revela la siniestra y cobarde trama para detener al presidente García: “Yo le dije –a Vela Barba– anda habla con Gustavo Gorriti y él me comentó que fue a hablar con él y literal me dijo ‘jaimito he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él, a Gustavo, le di toda la información para cercar a García’”.

Luego agrega que cuando el mandatario llega a la fiscalía, “Gorriti saca un reportaje de los recibos de pago que Odebrecht había hecho por las conferencias de Alan García, en el mismo momento que Alan está en la cita con José Domingo”.

Más adelante, Villanueva confiesa: “José Domingo ya había pedido el impedimento de salida. Entonces toda esa planificación lo que buscaba era que Alan no se vaya, y me comentó Rafael que ya lo había hecho con Gorriti. Por eso me dijo que he ido a cobrarle lo de Alan…”.

La narración parece extraída del libreto de una banda criminal, con el agravante que la víctima fue un expresidente del Perú, quien se suicidó para evitar que lo vejaran sacándolo de su domicilio enmarrocado y con una casaca con las letras de DETENIDO para así exhibirlo ante la ciudadanía.

Solo agrego, como pruebas de la conspiración, que ese trágico día del 17 de abril de 2019 la periodista Rosa María Palacios publicó –a las 6 de la mañana– un tuiter anunciando la detención del mandatario y treinta minutos después –en conocimiento del suicidio– lo retiró; que el presidente Vizcarra convocó a una sospechosa sesión del Consejo de Ministros a esa misma hora; que el fiscal enviado por Pérez llegó al domicilio de Alan acompañado por una camarógrafa de América Televisión, canal entonces dirigido por la colombiana Clara Elvira Ospina, a pesar de que no podía hacerlo porque se trataba de una diligencia reservada; que el allanamiento no estuvo a cargo de la Policía Judicial, como lo determina el artículo 282 de la Ley Orgánica del PJ, sino de la DIVIAC, dirigida por el coronel Harvey Colchado, que tenía el funesto antecedente de que en diciembre de 2018 un vehículo de su dependencia fue sorprendido con equipos de escucha frente a la residencia del presidente, como es de dominio público.

Lo revelado por la señora Leiva, en suma, demanda no solo una investigación en profundidad, que considere el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los implicados, sino que se declare en reorganización el Ministerio Publico y que el Congreso designe una comisión multipartidaria que investigue esos u otros estropicios.

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