Otra falacia más del Gobierno
Nuevamente el Poder Ejecutivo manipula al Ministerio Público con fines absolutamente políticos y quebrantando, sin el menor empacho, los preceptos legales que deberían sostener el Estado de Derecho en este país. Es manifiesto que, cuando le conviene, el régimen PPK-Vizcarra apela a la independencia de poderes y facultades para permitir, inclusive para alentar, que la Fiscalía de la Nación actúe de manera indebida contra quienes discrepan de este régimen improvisado, al que maniobra una progresía marxista todopoderosa. Como también es evidente que cuando las papas queman en Palacio de Gobierno, el Poder Ejecutivo direcciona a la Fiscalía para que se comporte conforme le interesa y conviene al régimen vizcarrino. Digámoslo más claramente.
Si el Ministerio Público persigue a algún simpatizante del Apra o el fujimorismo, pues adelante y bien hecho que cometa excesos encarcelándolos tres años para ver si, en el camino, consigue elucubrar alguna teoría que pueda involucrarlo en determinado delito. En cambio, si el imputado resulta ser un simpatizante del oficialismo, entonces ahí sí el fiscal del caso deberá hilar muy fino concediéndole todos los beneficios que la ley franquea e, incluso, muchos otros que la norma no concede. O asimismo cuando la gestión vizcarrina estima necesario que la Fiscalía encarcele a algún elemento que protesta porque el Gobierno ha incumplido determinado trato –como ocurre con el presidente Vizcarra, quien siendo vicepresidente y ministro de Transportes afirmó el año 2016 en Las Bambas que “en 45 días” empezaría la construcción de escuelas, postas médicas, comisarías, etc., en aquella veintena de comunidades que hay a lo largo del corredor minero que arranca en Las Bambas y llega inclusive hasta el puerto de Matarani (promesa que Vizcarra incumplió escandalosamente)– en ese caso el Ejecutivo mirará al cielo y callará en siete idiomas.
Hasta que la protesta social alcance ribetes de revuelta y la única forma de ponerle coto sea la liberación del antisocial que protestó por el engaño del ahora presidente, En esos momentos el Ministerio de Justicia enviará observadores para “comprobar que el detenido tenga garantizado su derecho a la defensa” y la claque mediática vendida al régimen acompañará ese gesto con campañas para sensibilizar a la opinión pública con la monserga de que el detenido debe ser puesto en libertad mientras siga el proceso judicial “porque no ofrece peligro de fuga” y porque, siendo integrante de una comunidad andina, goza de protección por parte de algún tratado inventado por aquella progresía marxista que maneja este gobierno. Y entonces, de la noche a la mañana, el detenido quedará en libertad. Como acaba de ocurrir con el dirigente comunal de Fuerabamba, Gregorio Rojas, quien, dicho sea de paso, es uno de esos privilegiadísimos trabajadores del asentamiento minero Las Bambas que recibiera alrededor de dos millones de soles en pago por los derechos de uso de los terrenos de dicha comunidad.
De manera que esa “independencia de poderes y fueros” a la que suele apelar este gobierno para encarcelar a sus opositores o liberar a sus simpatizantes, no es otra cosa que otra falacia más.
