Otra tomadura de pelo

Intolerable que este gobierno de paso siga desangrando las anémicas arcas del Estado por el prurito socialista de mantener a flote un ente público quebrado, como es Petroperú.

La estatal petrolera no tiene otro objeto de existir que mantener a una privilegiada, ineficiente, burocratizada planilla, donde los cargos se heredan entre los familiares de trabajadores contratados tras su fundación en 1969.

Los obreros y empleados se sienten propietarios de esta empresa estatal, impuesta por la dictadura procubana de Velasco Alvarado, que lo único que produce son pérdidas convertidas en utilidades a través de subsidios; de préstamos que nunca se pagan; de bonos que acaban siendo asumidos por el Estado; y de toda una gama de piruetas inventadas para disimular su incompetencia e inviabilidad.

Desde todo punto de vista, hace muchísimo tiempo Petroperú debió ser declarada en quiebra. Toda mega, grande, mediana y/o pequeña empresa con deuda impagable (más de US$ 8,000 millones, en su caso) —presionada por una iliquidez absoluta; sumada a un sobredimensionamiento estructural agravado por una megarefinería que exige importar 80% de su materia prima— solamente produce 27,000 barriles/día de petróleo, mientras consumimos 250,000 bbss/día, pagando por ello altísimos fletes para importarlo.

Además de la sobrecarga de personal, unida a presiones políticas/sindicales que socavan su estructura. Esto fue lo que heredó su Directorio, presidido hasta hace poco por el señor Oliver Stark. Por cierto, en cualquier lugar del mundo occidental hace mucho tiempo que habría sido declarada en quiebra y sus activos liquidados, como dicta la ley, para solventar las obligaciones que deje pendientes.

Reiteramos, hoy la deuda de Petroperú supera US$ 8,000 millones; no obstante, la izquierda insiste en que el Estado siga habilitando más dinero, con lo cual los hospitales y postas médicas del Estado dejarían de atender a millones de ciudadanos que, probablemente, fallezcan; o decenas de miles de escuelas seguirán cayendo a pedazos, con riesgo de muerte para estudiantes y maestros; y/o la Policía no podría atender la monumental ola delincuencial, incluida la presencia de bandas de criminales extranjeras; o no habría cárceles para alojar a los criminales; o, por ejemplo, los jueces y fiscales se declararían en huelga por los ínfimos sueldos que perciben, etc.

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, anunció que este Gobierno aprobó un decreto de urgencia, estableciendo medidas extraordinarias para Petroperú. “Necesita financiamiento para que siga operando y honrando compromisos con proveedores; como compra de crudo, pago de intereses a la banca, etc.”.

Asimismo, hay el compromiso de Petroperú “para implementar radicales medidas de austeridad que apunten a un gasto eficiente, porque nada es gratis (…) El objetivo es ahorrar 10% en gastos este año y ser un poco más radical en el 2025 hasta el 30% (…) con la posibilidad de contratar un administrador de talla, nacional o extranjero, para reestructurar Petroperú.

En un año, esta empresa ya no debe necesitar apoyo (…) Solo buena gobernanza, gestión, gobierno corporativo idóneo, honesto, capaz y ´cierta´ autonomía para funcionar bien”, concluyó.
¡Todo esto, ministro Mucho, suena a grosera tomadura de pelo!

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