Otra vez el desarme

Nuevamente la burocracia estatal pretende restringir los derechos de los usuarios legales de armas de fuego, transgrediendo la ley. La Sucamec ha hecho pública una propuesta de directiva para regular la cancelación o suspensión de licencias de uso de armas de fuego de uso civil.
Allí, por ejemplo, pretende sancionar a los usuarios legales que porten un arma en ciertos “espacios públicos” no definidos por la ley ni por el reglamento. Eso constituye una arbitrariedad y una ilegalidad, pues Sucamec no puede imponer el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas explícitamente en las normas.
Además, Sucamec dice, en su proyecto de directiva, que puede cancelar la licencia a un usuario legal luego de tomar conocimiento que ha cometido una transgresión “a través de medios periodísticos u otros que permitan acreditar que el titular de la licencia ha realizado el uso indebido del arma de fuego.”
Eso es una necedad. Ningún medio de comunicación está en la capacidad de “acreditar” nada. Un medio de comunicación puede proporcionar un indicio, razonable o no, de alguna infracción a la ley, pero la acreditación de la misma compete a las instancias establecidas en la ley y solo a ellas.
También el proyecto de directiva sostiene que una gerencia de Sucamec puede cancelar una licencia de arma de fuego. Eso no es legal, pues una gerencia no es la última instancia administrativa, además que una resolución administrativa puede ser impugnada judicialmente. Solo al final de ese proceso podría ser definitiva la sanción.
Estas y otras observaciones ha realizado la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (APPLAF), que preside Dardo López Dolz, ante la propia Sucamec.
En realidad, a pesar de que en enero de 2015 el Congreso aprobó una ley (N° 30299) bastante mejor que las anteriores, la burocracia estatal persiste incesantemente en su intento de establecer trabas a los usuarios legales de armas de fuego.
Mientras tanto, los delincuentes, que naturalmente no cumplen leyes ni reglamentos, son cada vez más violentos.
Es decir, el Estado se dedica a perseguir, hostilizar y tratar de desarmar a los ciudadanos honestos que cumplen con la ley, que adquieren un arma en un establecimiento formal y observan todos los requisitos legales, mientras los delincuentes hacen de las suyas sin que nadie lo impida.
No se trata, por supuesto, de propugnar que sean los civiles los que frenen la delincuencia. Esa es una tarea del Gobierno, para eso pagamos impuestos, para que el Estado nos dé seguridad. Pero no se puede ni debe impedir que aquellos que puedan y estén en condiciones de adquirir un arma lo hagan, cumpliendo las normas establecidas.
Otrosí digo. El próximo Congreso tiene que aprobar una ley eximiendo de responsabilidad penal y civil a aquel ciudadano que abate a un delincuente que ha ingresado ilegalmente en su propiedad, la llamada doctrina del castillo.

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