P. Castillo debe comparecer en vivo y directo ante la Comisión de Fiscalización

Desde los inicios de la gestión de P. Castillo se han venido haciendo de conocimiento público informaciones, destapes y denuncias que no se limitan a comprometer a quienes él ha designado en distintos cargos en el Poder Ejecutivo y hasta familiares. Lamentablemente, salvo contadas excepciones, en todos los casos se encuentra vinculado, personal y directamente, el ya oscuro inquilino precario de Palacio de Gobierno.

Pese a la actuación melindrosa y hasta tibia del Congreso de la República, que no ha conseguido siquiera, mediante la admisión a debate de una moción de vacancia, que P. Castillo y/o su abogado se presenten ante ese Poder del Estado, llamado a hacer equilibrio y contrapeso al gran poder que tiene el Poder Ejecutivo, a mediados de diciembre del año pasado, se logró aprobar que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento tuviera facultades de comisión investigadora y se aboque a indagar y averiguar los presuntos hechos ilícitos ocurridos en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, ministros designados por él y altos funcionarios.

En cumplimiento de estos menesteres, el 2 de marzo en curso la referida Comisión de Fiscalización ofició a P. Castillo solicitándole agende una reunión en el despacho presidencial para el lunes 7 de los corrientes, ayer.

Como tramposa respuesta, el día 4 de marzo último, el Secretario General de la Presidencia de la República responde a la comisión congresal alegando que el mandatario es inmune a cualquier investigación, citando opiniones que mal interpretan el Art. 117 de la Constitución. Artero, sin embargo, pretendiendo aparecer como generoso y transparente, lanza el esperpento de solicitar que le “envíen el pliego de preguntas”.

Más allá del siempre interesante debate jurídico constitucional y legal, sobre si un presidente de la República puede ser investigado sea por el Congreso de la República o por la Fiscalía, ante el cual mi respuesta es un rotundo Sí, queda claro que P. Castillo y toda su cohorte administrativa carecen de la mínima vergüenza y respeto a la ciudadanía. ¿Acaso no bastan el sentido común y la recta conciencia natural para darse cuenta de la pillería que encierra la propuesta de que le sean enviadas las preguntas? ¿Alguien puede dudar que si eso ocurriera se vaciaría de toda utilidad y sentido ese trámite y que las respuestas serían resultado de malicioso acomodo y ajenas a toda verdad?

La negativa a respetar y someterse a la función investigadora del Congreso constituye una clara infracción constitucional.

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