Pacto social por la educación

El reciente diálogo entre el Sutep y el Ministro de Educación, Morgan Quero, ha sido un promisorio avance frente al paro de maestros. Más allá de evitar una huelga nacional, la recepción positiva de las bonificaciones aprobadas por el Ejecutivo por parte de los profesores –en su mayoría, maestras de aula y auxiliares– marca un paso relevante hacia la disposición para abordar desafíos críticos en el sector. Quero resaltó una inversión de mil doscientos millones de soles destinada a saldar la deuda social con el magisterio a mediados del 2023. Sin embargo, no abordó el tema del 6% del PBI destinado a educación estipulado por la Constitución, el cual históricamente jamás fue alcanzado. Aunque ciertos economistas sugieren vincular la remuneración docente al crecimiento del PBI como estímulo para mejoras, resulta importante conceptualizar una solución más integral y reflexiva que contemple las inequidades regionales y evite afectar negativamente a los docentes que estén en contextos desfavorecidos.
El ministro Quero ha invitado al Sutep a participar en el Pacto Social por la Educación como protagonista. Las bonificaciones mencionadas, la liquidación de la deuda social y la inclusión de psicólogos en los colegios constituyen avances concretos para mitigar problemas urgentes y sentar las bases de un sistema educativo justo y equitativo. Pero, ¿bastarán estas medidas para convencer al Sutep? Es imperativo que los maestros consideren que cualquier aumento salarial desligado de la mejora en la calidad educativa merma el potencial del país. Solo una reforma educativa producto del Pacto podría revertir el declive en los niveles de lectura y matemáticas, como lo demuestra el descenso del rendimiento en lectura de los estudiantes de 2do grado del 50% en 2015 al 36.6% en 2023.
La tendencia es alarmante y un Pacto Social bien estructurado representa un paso necesario hacia la solución de las profundas raíces de la crisis política y social en Perú. La ausencia de diálogo ha contribuido a la fragmentación del país, situación reflejada en la controvertida figura del exsindicalista y maestro Pedro Castillo, y exacerbada por la desigualdad durante la pandemia de COVID-19. La educación, potencial campo de batalla de conflictos políticos y sociales, requiere ser revitalizada para preparar mejor a los jóvenes frente al futuro.
Para que el Pacto Social por la Educación resulte en reformas educativas inclusivas, colaborativas, sostenibles y efectivas, se deben seguir tres ejes principales:
1) Enfoque en la meritocracia: La educación es pilar de toda sociedad próspera y democrática. Intensificar la capacitación y la formación continua del profesorado mejora la calidad educativa e integra a los maestros en un proyecto de desarrollo democrático y de atenuación de conflictos sociales. Este compromiso, que debe ser consensuado con el principal sindicato de maestros para certificar a sus miembros, puede vincular la remuneración docente con el cierre de brechas educativas, siempre y cuando se gestione con integridad y visión estratégica.
2) Acceso a infraestructura: Especialmente crucial en la educación técnica y tecnológica, necesaria para alinear a los jóvenes con las demandas del mercado laboral actual y futuro. Un modelo de educación técnica ajustado a necesidades regionales podría fomentar la inversión privada mediante proyectos financiados con obras por impuestos, cumpliendo con las exigencias de sectores productivos y agrícolas.
3) Reivindicación de la integridad del profesorado: La corrupción y falta de integridad son barreras significativas que deben ser combatidas con políticas rigurosas y mecanismos de control eficaces. Fomentar un estado de conciencia y acción es vital para construir una realidad educativa que inspire ilusión y esperanza en estudiantes, padres y docentes, promoviendo esfuerzos colectivos por una comunicación transparente de los valores familiares y el bien común, así como la separación de profesores incapaces y corruptos.

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