Pagando las consecuencias del populismo

Luego de una imprevista suspensión del anuncio de los resultados oficiales de las cifras de la pobreza en el 2023 “por razones de fuerza mayor” (presión de Palacio), el INEI efectuó la presentación oficial. La pobreza monetaria alcanzó al 29% de la población (9.8 millones de personas), 1.5 puntos porcentuales (PP) más que el 2022. Para tener una idea de la gravedad de esta situación, informaremos que es muy similar a la del primer año de la pandemia, 30.1% (con cuarentena, paralización de la actividad económica, incluyendo a la minería). También ha aumentado la pobreza extrema (los que no pueden cubrir ni una canasta básica alimentaria) , llegando al 5.7%, casi el doble del año previo al Covid (2.9%).
Y las consecuencias de lo anterior no se deben a problemas climáticos que nos permitieron sacarla barata, como inapropiadamente lo manifestara el todavía ministro Arista, sino a la irresponsable política de aquellos que desde el gobierno de Humala boicotearon a los proyectos privados y pensaron que la economía podía crecer sostenidamente impulsada por la inversión pública y no la privada. No nos cansaremos de repetir que la inversión privada es el único camino para generar empleo y salir de la pobreza sostenidamente. Es que si además de lo anterior le adicionamos la ineficiencia de la administración pública, una presidente sin liderazgo y que no logra desprenderse de su fuerte bagaje izquierdista, no podemos pretender que la pobreza baje. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene el monopolio de la culpa, el que es compartido por el peor Congreso que hayamos tenido. Es que no hay que olvidar que la reciente degradación de nuestro riesgo soberano (dejándonos a un paso de perder el grado de inversión) se ha debido a la incertidumbre política actual, a la existencia de un “Congreso fragmentado” y al “limitado capital político”.
Asimismo, si tenemos un Legislativo y Ejecutivo sin una visión de mediano y largo plazo, que les impide aprobar las reformas estructurales requeridas para volver a reducir la pobreza, por lo menos que eliminen las barreras más urgentes para reactivar en algo la inversión. Como, por ejemplo, los decretos laborales aprobados durante el gobierno de Castillo, que rigidizaron nuestra legislación laboral e incentivaron el enfrentamiento entre empresarios y trabajadores. Otro frente que podrían atacar y que enviaría las señales adecuadas a la inversión privada, sería eliminar, o disminuir significativamente, la inmensa “tramitología” aprobada en los últimos años. Algo en este sentido está avanzando el ministro de Energía y Minas.
Con los desastrosos resultados en materia de pobreza extrema y monetaria, el gobierno debería de efectuar su mejor esfuerzo para lograr reactivar la inversión privada y así disminuir la pobreza. De lo contario, no nos quedaría otra que opinar que la presidente realmente no gobierna y que somos un barco a la deriva.

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