Pagar el pato

“Padecer o llevar pena o castigo no merecido, o que ha merecido otro”, es el significado de esta alocución coloquial según la RAE que cae como anillo al dedo a los sufridos moradores y emprendedores del interior del país ante la paralización de sus principales actividades socioeconómicas por el infausto e ilegal bloqueo de carreteras y vías de tránsito interno por parte de opositores al gobierno de Dina Boluarte.

Solamente en el caso de la provincia de Ica, la agricultura, una de sus principales actividades además del turismo, ha quedado gravemente afectada por las enormes pérdidas económicas y puestos de trabajo temporales que conllevaron los más de 11 días de toma de varios tramos de la carretera Panamericana Sur, el perjuicio se cuenta por millones de soles, según lo denunciado por el gerente general de Agroexportadora UVICA, una de las más importantes del Sur Chico, quien estima que más de 100 mil personas que prestan servicio para la empresa se quedaron en el aire, sin trabajo, durante los días de bloqueo, que por día se dejó de inyectar liquidez a los bolsillos de los trabajadores por alrededor de 10 millones de soles. Panorama similar se presenta en el Corredor Minero de “Las Bambas” en la región de Apurímac, que ha paralizado operaciones desde el 1 de febrero y dejado en el aire 8,500 puestos laborales con pérdidas diarias para el Perú de 39 millones de soles, reitero, por día.

Este detrimento por el secuestro de carreteras, que en la práctica lo es, afecta a miles de familias dejando al borde de la insolvencia o quiebra a los pequeños y medianos emprendimientos y enormes forados financieros en las industrias, de improbable recuperación sin soporte del Estado, porque a diferencia de lo que significó el desastre económico (además del de salud) de la pandemia de la covid-19, hecho fortuito que motivó salvatajes a favor de los empresas con cargo a devolución tipo Reactiva, los actuales eventos de fuerza y violencia bien pudieron prevenirse y, en su caso, resolverse con más inmediatez sin costo social de vidas humanas por el Ejecutivo, que parecía haber abdicado a su responsabilidad de velar por el orden interno y trasladado el liberar carreteras y caminos a la propia población civil. Es cierto que las Fuerzas Armadas han entrado a tallar en apoyo de la PNP en estas labores, pero su intervención fue en muchos casos tardía, el daño ya estaba hecho.

Y ahora, ¿quién le devuelve el capital perdido de pymes y mipymes?, ¿quién le paga el lucro cesante, si no fue su culpa las paralizaciones? ¿Igual nomás deberán comerse la quiebra y el desempleo? Yo espero medidas compensatorias por parte del Gobierno Central, es claro que nuestra economía está en cuidados intermedios.